WWF hace un llamado hacia la implementación efectiva del tratado, tras la sentencia de la Corte Constitucional que reafirma su constitucionalidad.

La ratificación del Acuerdo de Escazú, por parte de la Corte Constitucional, representó un paso trascendental para Colombia en materia de democracia ambiental, acceso a la justicia ambiental y protección de las personas defensoras del ambiente.

Esta ratificación hoy contrasta con el informe anual de Global Witness que para el 2024 reportó el asesinato de 48 líderes ambientales en el país, lo que hace aún más necesaria la implementación efectiva y diferencial del Acuerdo de Escazú. 

Este tratado internacional, que fortalece el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a la información ambiental, participar activamente en la toma de decisiones y acceder a mecanismos de justicia, sienta las bases para una gestión y gobernanza ambiental más transparente, inclusiva y en definitiva más justa. 

El Acuerdo de Escazú, primer instrumento jurídico-regional en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, establece ahora a Colombia, como Estado Parte, una serie de obligaciones concretas:

1. Garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, de manera clara, oportuna, completa y sin discriminación.
2. Facilitar la participación pública en la toma de decisiones ambientales, incluyendo proyectos, políticas y normativas que puedan afectar el medio ambiente y los territorios.
3. Asegurar el acceso a la justicia ambiental, con mecanismos eficaces, adecuados y accesibles para todas las personas.
4. Proteger a personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, reconociendo su labor legítima y garantizando condiciones seguras para su actuación.

¿Qué viene ahora?

A la luz de esta nueva etapa, la Alianza por el Acuerdo de Escazú, de la cual hace parte WWF, expresa la necesidad de que el Gobierno colombiano junto con instituciones del Estado, la sociedad civil y los territorios, avance en la formulación de la ruta nacional de implementación, que defina como mínimo: el estado actual de la garantía de los derechos que integra Escazú, las acciones estratégicas en el corto, mediano y largo plazo para cerrar las brechas identificadas para la garantía de los derechos y el sistema de gobernanza para la implementación de Escazú.

Esta ruta de implementación debe ser construido de manera participativa, con enfoque de derechos humanos, étnico y territorial, y debe contemplar mecanismos de seguimiento ciudadano, indicadores de cumplimiento y acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad.

El Acuerdo de Escazú en los territorios

Parte de las problemáticas que las comunidades en los territorios han tenido que enfrentar son la violencia de género asociada al conflicto armado, no contar con información, la violencia intrafamiliar, racismo y discriminación, consecuencias también del extractivismo ambiental y el despojo territorial.

Ante esta delicada situación, WWF Colombia junto con las comunidades ha acompañado en procesos de fortalecimiento de capacidades organizativas y formativas en torno a la democracia ambiental con énfasis en el Acuerdo de Escazú.

Uno de los ejemplos destacado es el trabajo con la Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo y su grupo de Guardianas del Agua. Esta unión ha permitido realizar espacios de diálogo, creación de manuales y hasta canciones y poemas. Este 2025 inició un nuevo ciclo con la co-creación de la Escuela de Justicia Ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú.

Otro ejemplo está en Chocó: en alianza con la Universidad Tecnológica del Chocó, se han adelantado varios diálogos sobre el Acuerdo de Escazú, el Derecho al agua y el decreto ambiental de la Ley 70. A su vez, se publicó el primer Cuaderno de Derecho Ambiental. En el 2025 se estrenó el curso sobre Ley 70 y su decreto en temas mineros y el Acuerdo de Escazú y esperamos publicar un nuevo Cuaderno de Derecho Ambiental sobre estos temas.

¿Y qué puede hacer el Acuerdo de Escazú?

Con la futura implementación del Acuerdo de Escazú, se podrá dirigir la defensa de la naturaleza de una manera más segura. A su vez, permitirá a la sociedad comprender el estado actual del ambiente en su territorio, acceder a información de manera incluyente, clara y completa. Al mismo tiempo permitirá fortalecer el conocimiento sobre democracia ambiental para aportar de manera significativa y participar de manera segura en los procesos de toma de decisiones.

Información extraída de: https://www.wwf.org.co/de_interes/noticias/?397592/acuerdo-de-escazu-implementacion-colombia