El costo de vida en septiembre pasado enciende las alarmas sobre la capacidad que tiene el Banco de la República para poner el IPC por debajo de 4%, un objetivo que parece imposible
La lucha contra la inflación en Colombia ya parece un caso perdido. Mientras los analistas siguen viendo en el incremento de 23% del salario mínimo la causa principal del alza del costo de vida, no hay estrategias claras para hacer que el Índice de Precios al Consumidor se ubique en la franja objetivo del Banco de la República, de entre 2% y 4%.
Y es que el hecho de que todo esté más caro, en comparación con el mes pasado y con el año anterior, es un problema que parece no importarle al gobierno de turno; tampoco le importó a la administración nacional pasada, que fue la culpable de incrementar, sin ningún argumento, el salario mínimo en dos dígitos para generar afinidad política de cara a las elecciones presidenciales y dejar amarradas las consecuentes subidas, como será la del año próximo.
Por mandato constitucional, la junta directiva del Emisor es la entidad responsable de mantener el poder adquisitivo de los colombianos, tarea que no ha logrado desde hace seis años y que, como van las cosas, no logrará antes de un par de años, y eso si se toman las medidas adecuadas. Los codirectores del Banco de la República no diseñan políticas públicas.
Tampoco controlan los precios de los servicios públicos y de los alimentos; solo son unos analistas de balcón que ajustan las tasas de interés del sistema financiero como único mecanismo para que la variación de precios se mantenga a la baja, eso sí, cuando el origen de la inflación tiene que ver con la demanda de bienes y servicios.
Pero el problema en la historia reciente de Colombia es que la inflación tiene su origen no solo en el alza populista del salario mínimo, sino también en la burbuja de consumo que generan las economías subterráneas, la avalancha de remesas y la siempre baja bancarización, lo que hace que una subida o bajada del tipo de interés del Banco Central no influya para nada en un mercado con una informalidad superior a 55%.
Otros argumentos que siempre esgrime el Emisor cuando es incapaz de controlar la variación de precios al alza son los que tienen que ver con las externalidades, especialmente las tasas de interés en Estados Unidos, el costo del petróleo en los mercados internacionales, las materias primas y algo que sí es real: el encarecimiento de los fertilizantes con un barril de crudo por encima de US$100.
Lo cierto es que los 20 millones de hogares colombianos no entienden muy bien por qué el Emisor no logra controlar la inflación desde hace más de un lustro, como tampoco asimilan que el gobierno nacional de turno no se preocupe por una política adecuada en lo que tiene que ver con el costo de la energía, el agua y demás servicios públicos que presionan los precios al alza.
El hecho de que los alimentos y el transporte también estén fuera de control dice mucho del desgreño en políticas de producción en cabeza del Ministerio de Agricultura, entidad que hace presencia en todas las centrales de abastos, pero que de momento no está trabajando con los productores del campo.
Colombia no puede resignarse a ver cómo su rica área agropecuaria, la diversidad de pisos térmicos y un peso revaluado son factores que no se aprovechan en favor de una producción mucho más barata que la del vecindario. Esa inflación superior a 6%, que se hace endémica en la economía colombiana, tiene mucho que ver también con la falta de trabajo en equipo entre gobiernos, gremios y Banco de la República.
Sea el momento de recomendar una labor más conjunta para que esta situación no se prolongue.
Artículo basado en información de larepublica.co
