Bloomberg Línea habló con Mónica Higuera, directora de la Unidad de Regulación Financiera, quien explicó como se trabaja en implementar lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo.
La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia trajo consigo la promesa de abrir la banca para fomentar la competencia y que los clientes fueran los beneficiados. La Unidad de Regulación Financiera (URF) ya está trabajando en las normas que regularan el open data.
Bloomberg Línea habló con Mónica Higuera, directora de la URF, quien explicó cómo están definiéndose las líneas de acción de la entidad para cumplir el propósito establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
“La URF incluyó en su propuesta de agenda regulatoria para 2024 un proyecto de decreto que busca reglamentar el artículo 89 del PND con miras a promover la competencia y la innovación para la inclusión financiera y crediticia a través del acceso a aquella información que pueda ser empleada para facilitar el acceso a productos y servicios financieros”, dijo la funcionaria de la URF.
Hay que tener presente que el PND 2022-2026 estableció que con el propósito de promover la competencia y la innovación para la inclusión financiera y crediticia, las entidades estatales que conforman las ramas del poder público y todas las personas jurídicas de naturaleza privada, deberán dar acceso y suministrar toda información que pueda ser empleada para facilitar el acceso a productos y servicios financieros.
Higuera explicó que “la URF avanza en el desarrollo de este proyecto mediante una coordinación interinstitucional orientada a identificar aspectos claves como casos de uso, tipologías de la información, actores que la custodian, estándares y mecanismos para su intercambio seguro y eficiente. Esta coordinación resulta fundamental dada la variedad de sectores que estarían involucrados y la heterogeneidad en capacidades técnicas y operativas para el intercambio de información”.
La ley del plan dejó establecido que el Gobierno nacional, reglamentará el open data en especial, las reglas para garantizar el adecuado funcionamiento del esquema, los destinatarios y las condiciones de acceso a la información, los estándares de seguridad, operativos, tecnológicos y los demás aspectos necesarios para cumplir el propósito de facilitar el acceso a productos y servicios financieros.
Apoyo a la liquidez del mercado
Desde hace algunos meses el país viene hablando de la posibilidad de que MSCI reclasifique a Colombia desde mercado emergente hasta la categoría de frontera.
En noviembre se evitó la apertura del proceso de consulta por la mejora en los volúmenes negociados en acciones como ISA, sin embargo, el riesgo para el país sigue latente.
La directora de la URF sostiene que “en los últimos años se han implementado diferentes medidas de política pública tendientes a mejorar la liquidez del mercado de capitales. Durante el 2023 se ha venido trabajando en la construcción de un proyecto de decreto que tiene como objetivo contribuir a la mayor rotación de los títulos colombianos, una mejor formación de precios y en general a desarrollar normas que creen mayor confianza de los inversionistas en el mercado local. El proyecto de decreto se encuentra incluido en la agenda normativa que la URF desarrollará durante el año 2024″.
Sobre el contenido del decreto en elaboración, Higuera explica que “de manera particular, esta iniciativa normativa se encarga de realizar ajustes regulatorios relacionados con la actualización del esquema de formadores de liquidez para permitir la participación de nuevos agentes nacionales y extranjeros, la revisión del estándar de ventas en corto, la evaluación del mercado de préstamo de valores, los requisitos de los programas emisión y colocación y la revisión de las prohibiciones y conflictos de interés para las operaciones entre vinculados”.
Adaptación a la era cripto
La negociación de criptoactivos es en el mundo una de las nuevas alternativas de inversión, por lo tanto, desde la URF se viene evaluando el tema para entregarle transparencia al mercado, aunque, vale recordar, los inversionistas institucionales en Colombia no tienen permitido invertir en ese tipo de activos, y las personas naturales que lo hacen no cuentan con respaldo del regulador en caso de inconvenientes.
Añade Higuera, que “estos esfuerzos buscan contribuir a la construcción de un marco regulatorio claro y comprensivo que permita resolver vacíos legales, garantizar una adecuada gestión de riesgos por parte de los proveedores de servicios de proveedores de activos virtuales y demás actores participantes, propiciar una mayor competencia y promover un desarrollo responsable de la industria de criptoactivos en beneficio del consumidor”.
Finalmente, dice que se reconoce “la necesidad de que sus actores e infraestructuras cuenten con esquemas adecuados de gestión de riesgos y de gobernanza, que garanticen la estabilidad e integridad del sistema”.
