Diferentes gremios insistieron en que se deben seguir criterios técnicos de inflación y productividad en ajuste de 2027
La discusión sobre el salario mínimo para 2027 empieza a tomar fuerza en la agenda económica. Hoy vence el plazo para que empresarios y trabajadores entreguen sus aportes a la mesa técnica, mientras la Comisión Tripartita volverá a reunirse el próximo 13 de octubre para estudiar las propuestas.
Aunque la discusión formal apenas comienza, los gremios ya han planteado sus recomendaciones para definir el ajuste. El consenso al que llegaron los líderes gremiales es que, a diferencia de 2026, cuando el alza fue de 23,7%, el ajuste debe seguir los criterios de inflación y productividad.
Con una inflación anual que podría acercarse a 7% al cierre del año y una productividad laboral que suele ubicarse entre 1% y 2%, los gremios plantearon que el incremento del mínimo para 2027 debería situarse entre 8% y 9,5%.
Así lo explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien dijo que “el ajuste del salario mínimo debe ser equivalente a la inflación anual, más lo que el DNP y el Dane certifiquen que haya sido la ganancia en productividad laboral en los últimos 12 meses. El ajuste no debe seguir una lógica de herramienta de política social”.
En esa línea, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, señaló que “lo técnico es tener en cuenta la inflación real, más máximo dos puntos de productividad. Con eso en cuenta, el rango del ajuste para el siguiente año muy seguramente va a estar entre 8% y 9,5%”.
En el sector agropecuario, Jorge Bedoya, presidente de la SAC, afirmó que “cuando inicie la discusión, lo ideal es que se aborde con cero populismo, teniendo en cuenta el impacto que ya generó el aumento de 23,7% este año. Un incremento desmesurado del mínimo puede impactar significativamente las tasas de informalidad”.
Claudia Calero, presidenta de Asocaña, señaló que para la agroindustria de la caña es fundamental que la discusión gire en torno a inflación y productividad. “Nuestro sector es altamente formalizado y cuando estas decisiones no han atendido esos criterios técnicos, se han traducido en una pérdida de competitividad”, apuntó Calero.
De la misma manera, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán dijo que no puede ocurrir lo de 2026. “El mínimo debe ser concertado en función de la inflación y de la productividad”, aseguró Lafaurie.
En el sector de los hidrocarburos, Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, dijo que para la industria es clave que se equilibre la inflación y la productividad. “Esto nos permite seguir teniendo empresas competitivas y sostenibles”, dijo.
En el sector financiero, Germán Arce, presidente de Asofiduciarias, dijo que “tras unos años en los que el mínimo se definió con argumentos políticos y alejado de las consideraciones técnicas, la expectativa del sector fiduciario es que la comisión tripartita pueda acordar un mínimo que preserve el poder adquisitivo de los trabajadores”.
En transporte, Nidia Hernández, presidente de Colfecar dijo que “desde nuestra perspectiva, el incremento debe ser de máximo 8% para 2027. Nuestro llamado es a que prevalezcan los criterios técnicos y el diálogo social”.
Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, considera que el aumento debe ser de máximo 9,5%.
Cuervo hizo la salvedad de que el Consejo de Estado debe pronunciarse sobre las demandas de nulidad para el decreto vigente. “Si se llega a declarar la nulidad, el escenario de la negociación del mínimo de 2027 cambia completamente. En ese escenario, la base de negociación no podría ser el salario mínimo que tenemos hoy”, agregó.
De hecho, ayer Fenalco reiteró ante el Consejo de Estado su solicitud de nulidad del decreto que fijó el aumento de 23,7% para 2026. Según el gremio de los comerciantes, dicho decreto desconoció los parámetros obligatorios previstos en el Código Sustantivo del Trabajo. Se espera que este mes el alto tribunal se pronuncie y tome una decisión al respecto.
Artículo basado en información de larepublica.co
