Agosto fue el mes en el que Abelardo De La Espriella llegó a la Presidencia de la República, y el mercado laboral no le dio un buen comienzo.
La tasa de desocupación llegó a 9,4%, frente a 8,6% hace un año. Sería un error leer esa cifra como un balance de su gestión. Es, más bien, el punto de partida sobre el cual habrá que medir al nuevo gobierno.
El deterioro llegó por dos frentes. Hubo 126.000 ocupados menos y 207.000 desocupados más. En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas la tasa pasó de 7,8% a 9,1%, un salto que el Dane califica como estadísticamente significativo, a diferencia del aumento nacional.
Y la población por fuera de la fuerza de trabajo creció en 468.000 personas, sobre todo mayores de 55 años, muchos de ellos hombres que hoy se declaran pensionados, incapacitados o convencidos de que no vale la pena trabajar. Si siguieran buscando empleo, la tasa sería más alta.
Parte del golpe tiene un origen evidente. El terremoto del 10 de agosto, apenas tres días después de la posesión, dejó graves daños en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó, y obligó al Dane a ajustar los factores de expansión de la encuesta porque parte de la muestra quedó en viviendas destruidas o inhabitables. Cali, con la cobertura más baja entre las ciudades encuestadas, vio subir su tasa de desocupación de 7,8% a 9,2% en el trimestre de junio a agosto.
Lo peor probablemente aparecerá en los reportes de septiembre y octubre.
Otra parte responde a decisiones y condiciones anteriores. La industria manufacturera fue la rama que más empleo perdió, con 240.000 ocupados menos en un año. Es razonable atribuir parte de esa caída al alza de 23% en el salario mínimo que el gobierno anterior decretó para 2026, sumada a una revaluación del peso que abarata los bienes importados y deja en desventaja a quien produce en el país.
El retroceso de 118.000 puestos en el empleo doméstico, donde el costo laboral se siente de inmediato, apunta en la misma dirección.
Hay quien dirá que el dato no es para tanto. La tasa del trimestre de junio a agosto, de 8,5%, sigue por debajo del 8,7% de hace un año, y la informalidad bajó.
Es cierto, pero ese trimestre incluye dos meses anteriores al sismo, y el aumento de 129.000 empleos formales equivale casi al de los empleados del gobierno, que crecieron en 124.000. No es todavía la señal de un sector privado que contrata.
Las primeras respuestas del gobierno van en la dirección correcta.
El Decreto Legislativo 1417 creó un subsidio de $700.362 por trabajador, equivalente al 40% del mínimo, para micro y pequeñas empresas afectadas por el terremoto, durante un máximo de seis meses y a condición de que mantengan los contratos.
El Ministerio del Trabajo prepara, además, exenciones de parafiscales y mejores puntajes en licitaciones para quienes contraten damnificados en la reconstrucción. Es la focalización que exigía la emergencia. Falta saber cuántos recursos tendrá y con qué rapidez llegarán.
Esas medidas, sin embargo, atienden el sismo y no lo que la encuesta sugiere que venía de antes. La industria y los trabajadores mayores no se recuperarán con un subsidio temporal en las zonas afectadas. La prueba de fondo llegará en diciembre, cuando se defina el salario mínimo de 2027, la primera decisión de ese tipo en manos del nuevo gobierno.
Ahí se sabrá si pesa el costo de contratar con la misma seriedad con la que hoy atiende la reconstrucción. El dato de agosto no le pertenece del todo. El de dentro de un año, sí.
JOSÉ CAPARROSO
Artículo basado en información de portafolio.co
