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Los cambios de las normas laborales que busca el Mintrabajo por decreto deberían discutirse en el Congreso.
La decisión del Gobierno Nacional de avanzar por vía administrativa un bloque de artículos, previamente excluidos del proyecto de reforma laboral recientemente aprobado en la Cámara de Representantes, ha despertado una justificada polémica. El Ministerio del Trabajo ha redactado los borradores de seis decretos con los cuales pretendería implementar cuatro aspectos de derechos colectivos y dos más en derechos individuales.
Al menos serían siete los artículos que, tras ser desestimados en primer debate de la Comisión Séptima de la Cámara Baja, verían la luz por esta ruta ejecutiva. Los cambios en la actual normativa laboral que incorporarían los decretos van desde los límites a la tercerización laboral y el funcionamiento de los comités de convivencia en empresas públicas y privadas hasta la modernización del derecho a la huelga, los tribunales de arbitramento y la retención de cuotas sindicales.
Además, la cartera laboral definiría la negociación colectiva unificada –pliego único, mesa única, comisión negociadora única y único acuerdo– con profundos efectos sobre las huelgas, en especial en el sector privado. En palabras del viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, la firma de estos decretos se justifica porque se “estaría cumpliendo con la promesa de campaña y dándole poder a la clase trabajadora”. Palma considera que adoptar estas medidas “no remplaza el debate en el Congreso, pero lo complementa”.
Implementar artículos excluidos del debate parlamentario por vía de estos decretos desencadena inevitablemente varias cuestiones para considerar. La primera es de corte jurídico. Mientras el gobierno Petro afirma que cuenta con la “facultad reglamentaria” conforme a la Constitución, congresistas de la oposición y dirigentes gremiales han criticado la potencial sustitución de las funciones legislativas para dirimir estos aspectos laborales individuales y colectivos. En otras palabras, el Ministerio del Trabajo es señalado de imponer una parte clave y delicada de la reforma laboral, ya que toca la huelga.
En segundo lugar, desde el punto de vista político, el escenario propicio para el debate y la definición de modificaciones del marco normativo laboral es, sin duda, el Congreso de la República. Una discusión bajo las reglas del Legislativo brinda las garantías para la expresión y los argumentos no solo de los sindicalistas y del Gobierno, sino también de otros actores como los gremios, los empleadores grandes y las pymes. Estos espacios parlamentarios permitirán, asimismo, que los pros y los contras de cada artículo en cuestión sean expuestos y sujetos a una deliberación más democrática.
