El Carf advierte que las cuentas para el 2024 están desfasadas y es necesario ajustar puntos como el recaudo tributario esperado.
Al parecer, los cálculos de este Gobierno en materia presupuestal, tanto para lo que resta del 2023 como para el próximo año, no están tan sólidos como se proyectaron, o eso es lo que deja claro el reciente informe del Comité Autónomo de Regla Fiscal.
De acuerdo con el Carf, el próximo año se tendrán que realizar ajustes de gasto de alrededor de 1,4% del PIB ($23 billones) para cumplir el objetivo de déficit establecido por la Ley de la Regla (un balance primario neto estructural de -0,2% del PIB).
“El principal factor de riesgo es la programación de gastos estructurales financiados con ingresos no estructurales e inciertos por $15 billones, bajo el rubro de arbitramento de litigios”, dice el informe del Comité.
Además de esto, factores como los subsidios a los combustibles, peajes y al Soat, sumado a la realidad de Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), los precios del ACPM y la caída de la no deducibilidad de las regalías, son puntos que también llaman la atención.
“El escenario para 2024 implica un aumento de la deuda neta de entre 2 y 4 puntos del PIB. Esta perspectiva resulta preocupante, debido a que reversa la tendencia observada con posterioridad a la pandemia y, especialmente, lo alcanzado en el 2023, como se señaló en el análisis para este año”, agregaron.
Ante esto, expertos como Munir Jalil, economista jefe de la región andina de BTG Pactual, resaltan que lo primero a tener en cuenta es que el trabajo del Carf es precisamente, valiéndose de su autonomía frente al Gobierno, generar este tipo de llamados para corregir a tiempo el rumbo económico del país.
“Es una advertencia en términos de que si el Gobierno en 2024 piensa gastarse o cumplir con la ejecución, más bien el 100% del presupuesto estipulado y aprobado por el Congreso para el otro año, se va a encontrar con algunos problemas desde el punto de vista de ingresos, tanto de la parte de recaudo o de ingresos, con los $15 billones que busca por medio de litigios”, explicó.
Uno de los puntos que más llama la atención en este reporte tiene que ver con el precio del Diesel y el pasivo que hay en el Fpec, ya que “las nuevas estimaciones indican que el déficit del fondo cerraría el año en $20,4 billones. Esta cifra es $2,6 billones por encima a lo esperado en el MFMP y $5 billones superiores a lo incluido en el PGN de 2024”. Sin embargo, dice que si se aplica el aumento al ACPM, este hueco fiscal se reduciría a $5 billones.
Julio Cesar Romero, economista Jefe de Corficolombiana, señaló que si el Gobierno llegara a incumplir ese cinturón que pone la Regla Fiscal para tener unas finanzas públicas saludables, el país se enfrentaría a un deterioro en la calificación, en la percepción de riesgo crediticio.
“Colombia recordemos que desde el 2021 fue rebajado a doble BB+ por parte de dos agencias calificadoras, perdimos el grado de inversión y esa es una calificación que hoy los mercados creen que puede ser más baja. Cuando uno mira las primas de riesgo, pues está viendo que la prima de riesgo que paga Colombia es más alta que países que tienen calificaciones más bajas como Brasil”, agregó.
Por último, para Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, todo lo dicho por el Carf es “un llamado a la reflexión para tratar de disminuir la prima de riesgo del país, que tiene que ver indiscutiblemente con una proliferación y aumento de los gastos y unos ingresos que no reaccionan, ni reaccionarán, en la medida en que la dimensión de los gastos lo van exigiendo”.
“Los nuevos gastos de las reformas sociales no están incluidos en el presupuesto de 2024 y eso hay que tenerlo en cuenta”, concluye este experto.