Impulsar una reforma que aumenta costos laborales sin crear empleo, en medio de la desaceleración y aumento de la desocupación, es inconveniente.
El proyecto de ley de reforma laboral, impulsado por el Gobierno Nacional, continúa su trámite por la plenaria de la Cámara de Representantes. En medio de algunas concesiones puntuales y con el apoyo de partidos tradicionales como el Conservador, La U y los Liberales, la iniciativa de la administración Petro, que no fue concertada con los empresarios ni con los gremios de la producción, avanza sin resolver sus dos principales críticas: el encarecimiento del empleo formal y la falta de medidas contra la informalidad.
Este articulado mantiene el espíritu de la propuesta de la Casa de Nariño del año pasado: mejorar condiciones a la minoría que ya cuenta con un trabajo formal, sin generar incentivos a la creación de nuevos puestos de trabajo. Más aún, la reforma laboral petrista aumenta los costos laborales para los empleadores con distintas cargas, en momentos de desaceleración de la economía y reducción por ley de la jornada laboral.
De hecho, un solo cambio en la jornada laboral podría incrementar los costos de remuneración en alrededor de 8%. Mientras la dinámica productiva de los distintos sectores se frena -por ejemplo, la construcción perdió en agosto pasado 84 mil empleos o las industrias manufactureras, 43 mil- el gobierno Petro desdeña crear estímulos para crear más puestos de trabajo.
El más reciente informe del Dane sobre el mercado laboral colombiano refleja una tasa nacional de desempleo de 9,7%, 0,4 puntos porcentuales más alto que el mismo mes del año pasado. Alrededor de 136 mil trabajadores entraron a la desocupación mientras que de los 257 mil nuevos ocupados, al menos 160 mil son informales. Ya los puestos de trabajo generados por la administración pública no están jalonando el empleo en el país y la tasa de informalidad se sostiene en un preocupante 56%.
El debate parlamentario ha además ratificado, al menos desde el bloque gobiernista de la Cámara baja, un profundo desconocimiento del mundo empresarial como principal creador de empleo en la economía nacional. Afirmar que las utilidades de las empresas colombianas registran más del 25% para justificar la capacidad de absorber los aumentos que impondría la reforma laboral es faltar a la verdad.
Las cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades para el año pasado sobre las mil compañías con mayores ingresos muestran unas utilidades promedio del 7,5% -dependiendo del sector productivo- y rentabilidades en torno al 6%. Genera profunda preocupación que la discusión en el Congreso no recoja con exactitud la realidad del sector privado y sus retos para crear empleo formal. En especial, teniendo en cuenta que el 92% del universo empresarial, principal creador de puestos de trabajo, son microempresas, con una capacidad limitada de asumir mayores cargas laborales.
No sobra reiterar una falencia conceptual seria que aqueja este proyecto de reforma laboral de la administración Petro: no atiende los problemas más graves del mercado del trabajo en Colombia. Ni la generación de nuevos empleos ni la reducción de la alta informalidad encuentran en el articulado en trámite, medidas adecuadas que las aborden y enfrenten. Todo el esfuerzo de la Casa de Nariño se está concentrando en la minoría de trabajadores con empleo formal, sin importar los desempleados, los subempleados, los expulsados del mercado laboral y, mucho menos, la poca productividad.
En conclusión, en momentos de desaceleración, sin plan claro de reactivación, con el desempleo al alza, alta informalidad y empresas agobiadas, impulsar una reforma que eleva los costos laborales e impone más cargas a los privados es inconveniente.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/editorial-portafolio-no-es-el-momento-614670
