La amplia agenda de cambios económicos del Gobierno no marcha en el Congreso a la velocidad necesaria y sigue contribuyendo a la incertidumbre.
A pesar de logros como la aprobación de la reforma tributaria de 2022 y la reforma pensional -ahora en reglamentación-, entre otros proyectos, el paquete de drásticos cambios económicos que la administración Petro impulsa en el Congreso de la República, no marcha a la velocidad requerida. Tanto la amplitud de la agenda gubernamental -que va desde el marco laboral hasta la educación, pasando por los servicios públicos- como el hecho de transitar el tercer año del cuatrienio, corren en contra de los avances legislativos.
El camino de las iniciativas reformistas de la Casa de Nariño arrancó a inicios del año pasado con la presentación de la tríada de reformas pensional, laboral y de salud. Pocos meses después el Ejecutivo añadiría otros articulados en materias educativas y de jurisdicción agraria, sin incluir otros temas de corte político, paz y administración de justicia.
Tras 18 meses, el balance de este paquete de proyectos, que son el corazón de las transformaciones al modelo económico que persigue el presidente Petro, es agridulce. Mientras en el frente político, la coalición mayoritaria de la primera legislatura se fracturó y ahora el Gobierno negocia parlamentarios “al detal”, en el frente social, la gran mayoría de esas reformas no han logrado despertar el entusiasmo ciudadano.
La más reciente medición de la encuesta Invamer ratifica esa falta de apoyo popular a este abanico de cambios, a pesar de los permanentes y fallidos llamados del primer mandatario a salir a las calles y movilizarse. El 59% de los colombianos manifiesta estar “en desacuerdo” con las reformas del gobierno Petro frente a 33% que las respalda. Más aún, en cuanto a los cambios en el sistema de salud -“una reforma por la puerta de atrás”- el 44% de los encuestados cree que, tras las intervenciones, reciben “peor atención” a la recibida anteriormente.
Otro aspecto que impacta la actual legislatura es la forzada radicación de una segunda reforma tributaria a raíz de la severa desfinanciación del Presupuesto y la crítica situación fiscal para el resto del cuatrienio. La llamada ‘ley de financiamiento’ no solo eleva la ya de por sí pesada carga de impuestos a empresas y hogares, sino también viene asociada a una ley presupuestal para la vigencia 2025 que el Congreso rechazó.
A lo anterior hay que añadir que la iniciativa incorpora medidas para flexibilizar el mecanismo de la Regla Fiscal, en momentos en que el Gobierno Nacional debe enviar señales de disciplina, austeridad y cumplimiento de los compromisos frente a las finanzas públicas. Es decir, el debate de la nueva reforma tributaria se suma a un saturado escenario con múltiples proyectos de ley.
Un tercer elemento toca el trámite de la reforma laboral, cuya discusión arriba al Senado de la República. Gremios de la producción y centros de estudios económicos han manifestado la inconveniencia de aprobar un articulado que apunta a encarecer la contratación, sin ofrecer medidas efectivas para la creación de nuevos puestos de trabajo y reducir el alto nivel de informalidad en el empleo nacional.
En conclusión, el tiempo para que la administración Petro logre aprobar su amplio paquete de reformas económicas se agota y la relación entre la Casa de Nariño y el Congreso en la tercera legislatura, inmediatamente previo a la época electoral, es mucho menos fluida y productiva que el primer año. Al contrario, a estas alturas para la economía y la política, tantas reformas en tránsito no son un activo, sino que elevan aún más la incertidumbre.
Francisco Miranda Hamburger
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/editorial-portafolio-pulso-a-las-reformas-616090
