El Congreso debe discutir en libertad la nueva tributaria, mientras el Gobierno debe contemplar todos los escenarios fiscales con sensibilidad social.
El Gobierno presentó una segunda reforma tributaria como parte del paquete de aprobación de la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2025. Como ese proyecto fue rechazado por el Congreso, la Casa de Nariño decretará el presupuesto y ha decidido seguir adelante con la llamada ley de financiamiento, que busca recoger $12 billones, una parte del hueco en las cuentas estatales para el 2025.
Desde su presentación esta segunda alza de impuestos de la administración Petro viene enfrentando un déficit de entusiasmo y una falta de ambiente político. Los efectos negativos de la primera reforma tributaria del actual gobierno, impulsada por el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se continúan experimentando hoy en hogares y en ciertos sectores empresariales. En medio de una economía que lucha por reactivarse, el ánimo por más tributos en el sector privado y en amplios bloques políticos es casi nulo.
En especial, cuando el proyecto de presupuesto al cual los nuevos impuestos iban a ayudar a completar se cayó en el Legislativo. La pregunta que hoy se hacen buena parte de los parlamentarios es para qué el Ejecutivo quiere buscar aprobar una nueva reforma tributaria para financiar un proyecto presupuestal, negado por el mismo Congreso.
La intención del Gobierno en este frente impositivo no cede, a pesar de las manifestaciones de rechazo de muchos congresistas, incluidos la gran mayoría de los ponentes del proyecto. Ayer el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, insistió en su llamado a aprobar la reforma, incluso afirmó que “tiene que seguir desarrollándose” para poder financiar el Presupuesto. Más aún, el jefe del equipo económico reiteró que, con o sin ley de financiamiento, persistirá en los cambios tributarios y suspendería el 2 de enero los 12 billones que quedarían descubiertos.
De hecho, los recientes mensajes tanto de la cabeza de las finanzas públicos como de otros altos funcionarios del Gobierno han girado en torno a que se verían forzados a recortar una parte importante de gasto público social, de no ser aprobados los nuevos impuestos. Ya el ministro Bonilla anunció que el tamaño del recorte ascendería a $33 billones en el presupuesto de este año en curso y que, de la luz verde parlamentaria a esa ley de financiamiento, dependerían los recursos para ayudas y subsidios sociales, entre ellos, los de vivienda social y de transferencias monetarias.
A lo anterior es pertinente añadir que el articulado de esa segunda alza de impuestos incorpora medidas de flexibilización del mecanismo de la Regla Fiscal. En momentos en que el Estado colombiano debe enviar mensajes de prudencia y responsabilidad en el manejo de las finanzas, no es conveniente la búsqueda de atajos o de cambios ante un poco claro panorama fiscal de corto y mediano plazo. En otras palabras, el Congreso -al menos parece que sus mayorías- se sincroniza acertadamente con el sentir social, técnico y empresarial: que el énfasis del esfuerzo debe estar en la reactivación y no en la búsqueda de más impuestos y cargas.
Al fin de cuentas, blandir la espada de una nueva reforma tributaria para así garantizar los subsidios y ayudas luce como una amenaza, que no correspondería al talante de una administración inclinada a lo social. El Gobierno debe contemplar todos los escenarios fiscales, sin aferrarse a un presupuesto de $523 billones con más impuestos, abierto a amarrarse el cinturón y con sensibilidad a los más pobres. El Congreso, por su lado, debe debatir en libertad los impuestos adicionales sin amenazas
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/editorial-portafolio-sin-amenazas-617362
