¿Cuánto pesan en el PIB las economías ilegales? ¿Cuánto vale en términos de PIB la violencia crónica? ¿cómo incide la monetización de los cultivos de coca y marihuana en la tasa de cambio?
Como pocos países en la región, Colombia goza de excelentes facultades de economía, que están en el ranking de las mejores del mundo; al mismo tiempo que funcionan desde hace décadas docenas de centros de investigación con probado rigor técnico. Los gremios de la producción cuentan con sofisticados departamentos de investigación económica; todas las grandes firmas constructoras y las entidades financieras también tienen equipos de investigación que aportan datos, comportamientos y hacen prospectiva, y a todo ello se suman las oficinas de la banca multilateral que observan con detenimiento el comportamiento de la economía colombiana, pero muy a pesar de todo ese tinglado de investigación económica, el país político, económico y social no tiene datos precisos de muchos problemas, como por ejemplo, del costo de la violencia sobre la economía colombiana.
Dicho de otra manera, cuánto le cuesta al país la delincuencia y la inseguridad campeante; cómo la violencia aborta el desarrollo en las regiones, solo para dictar un tema que merece respuesta por parte de los profesionales que se dedican a la formación económica.
Otro tema es el peso de las economías subterráneas en el PIB, sobre el cual se han hecho muchos estudios, pero están obsoletos; aún no hay número sobre el verdadero impacto de las famosas 200.000 hectáreas de hoja de coca, como tampoco sobre la monetización de esa producción y sus consecuencias en la tasa de cambio.
La entidad pública que debería tener esos datos a la mano es el Banco de la República, que cuenta con más de 200 economistas de las mejores universidades y que tiene en sus archivos los estudios de impacto económico de mayor credibilidad; el Departamento de Planeación Nacional también debería aportar desde sus investigaciones económicas luces sobre los problemas estructurales que mantienen al país anclado en el subdesarrollo, en lugar de convertir su ser y hacer en una factoría de contratos con alcaldes y gobernadores.
Es seguro que debe haber cientos de tesis académicas y algunos papers sobre los temas en mención y que los investigadores de las universidades deben haber abordado los espinosos asuntos, pero la idea es hacer pensar al país sobre el daño que le hace al desarrollo social, a la disminución de precariedades, no saber las consecuencias de la delincuencia, del narcotráfico, de la inseguridad, problemas que de alguna manera siempre están intercomunicados.
Colombia y el mundo entran en el segundo cuarto del tercer milenio y aún no se elabora una hoja de ruta para salir del subdesarrollo y llevar al país a un estado de modernidad social que sirva de torniquete a la cada vez mayor migración de los más jóvenes, dicho de otra manera, el país necesita insumos para tratar los problemas que acosan a los jóvenes, que al no ver esperanza de progreso y de calidad de vida se van del país, incluso a mal vivir en países desarrollados que mínimamente les dan seguridad, bienestar y oportunidades.
Guerrillas, narcotraficantes, delincuencia común, que asesinan, extorsionan, secuestran y destruyen, son parte del paisaje colombiano, y no hay datos rigurosos económicos sobre su impacto en el progreso de la sociedad; y si no se pueden cuantificar dichos flagelos, es imposible hacerles seguimiento o darles solución con políticas públicas o iniciativas desde el sector productivo.
