La buena noticia del campo Lorito no alcanza a compensar las dificultades que enfrenta el sector petrolero por bloqueos y carga tributaria.
El pasado martes Ecopetrol anunció la declaración de comercialidad del hallazgo de Lorito, en el departamento del Meta. Este descubrimiento constituye el más importante declarado comercial por la petrolera estatal en los últimos diez años y la compañía calcula que cuenta con un potencial de 250 millones de barriles de crudo recuperables.
En momentos en que Ecopetrol enfrenta muchas voces críticas en torno a su capacidad exploratoria, entre otros aspectos empresariales, esta declaratoria llega como una noticia positiva que contribuirá a fortalecer su sostenibilidad en el mediano plazo. Confirma, además, la necesidad de que tanto Ecopetrol como el resto de compañías petroleras operando en el territorio nacional puedan desarrollar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos en aras de garantizar la seguridad y soberanía energética del país.
No obstante, este valioso hallazgo no alcanza a compensar las múltiples problemáticas que hoy aquejan a la industria petrolera colombiana y que requieren de urgente atención. Cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) muestran que las actividades de exploración han disminuido en un 60% y que, de seguir las cosas como hoy están en materia de contratos, solo se explorarían 70 pozos de hoy al año 2030. Esta dinámica es a todas luces insuficiente tanto para el potencial como para las necesidades fiscales y de desarrollo del país.
Otro aspecto, también con suficientes alertas activas, es del gas natural y sus problemas de abastecimiento. Las reservas probadas de este energético van cayendo, de acuerdo a los datos oficiales, de unos 9 años en 2018 a 5,9 años en 2024, mientras que el país ya perdió la autosuficiencia en materia de suministro. Los recursos proyectados en costa afuera podrían revertir dramáticamente esta tendencia, pero los asuntos regulatorios, ambientales y sociales, así como limitaciones en infraestructura y transportes, continúan siendo unos complejos retos por superar.
El sector petrolero enfrenta asimismo una disparada de la conflictividad social con onerosas consecuencias para las empresas, las comunidades y el Estado.
Según la ACP, en 2024, los bloqueos y las vías de hecho contra las operaciones de crudo aumentaron en un 151% -634- en comparación con el registro de 252 en 2023. En los casos, por ejemplo, de Meta y Córdoba el alza alcanzó el 171% y el 150% respectivamente.
Las consecuencias de estas permanentes acciones en contra de las operaciones no son menores: se interrumpen los proyectos y sus desarrollos, se impactan las inversiones, se afectan los programas sociales y locales y genera pérdidas de producción de entre 25 mil y 100 mil barriles de crudo diarios. La situación no da señales de mejorar en este 2025: se han reportado unos 210 bloqueos en los primeros cuatro meses del año, con especial afectación a Meta y Casanare.
El papel de las autoridades no se limita a ayudar al sector al manejo de este caótico entorno operativo, sino también toca a los atentados a los oleoductos y otras infraestructuras petroleras, que se han recrudecido en años recientes. En paralelo con el deterioro de la seguridad territorial y operativa, el gobierno Petro ha elevado sustancialmente las cargas tributarias del sector, haciéndole perder competitividad, rentabilidad y atractivo a los inversionistas.
En momentos de arranque de la precampaña electoral sería bueno conocer las posturas de los aspirantes presidenciales sobre el marchitamiento de una industria tan clave para la economía regional y nacional.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/complejo-panorama-editorial-633939
