Los impuestos propuestos para tapar el hueco fiscal que deja el exceso de gasto y burocracia ratifican su inconveniencia para la gente y empresas.
Insistiendo en su política de gasto desbordado atado a más burocracia, para tapar un hueco de $26,3 billones en el Presupuesto de 2026 el gobierno Petro destapó su proyecto de ley de financiamiento, o reforma tributaria, de los cuales busca $5,5 billones mediante la eliminación de exenciones al IVA -entre éstos los juegos de suerte y azar y el impuesto de renta de personas naturales-, $4,5 billones de más impuestos a personas y empresas vía renta y patrimonio, $9,8 billones por “medidas para mejorar el ambiente y la salud pública” y una suma no despreciable de $6,8 billones por gestión tributaria.
Al igual que con su segundo intento tributario, que no prosperó el año pasado, el Ministerio de Hacienda insiste no solo en empeñar mucho más al país con un presupuesto desbordado, sino en subir tasas, bases más amplias y recargarse más en sectores a los cuales los ha venido apretando, como el petróleo y la minería.
En medio de un crecimiento económico mayor, que se ha cimentado principalmente en el consumo y, en el gasto oficial, este nuevo proyecto de ley de financiamiento -que no tiene ambiente en el Congreso y que llevaría a que por segundo año el Presupuesto se apruebe por decreto- tiene un resultado previsible: más inflación de costos, menos inversión y un sistema tributario más regresivo.
Por ejemplo, al plantear un IVA escalonado a la gasolina y al diésel -producto que en paralelo se sigue subsidiando-, unido a un impuesto al carbono indexado cada año, se generarían fletes más costosos y alimentos más caros, imponiendo otra barrera al retorno de la inflación al rango meta del BanRepública (entre 2% y 4%), un factor clave para tener una política monetaria mucho más expansiva.
Además, muchos de los IVA que plantea subir la reforma, hacen parte de la canasta con la que se mide el costo de vida, situación que golpearía el bolsillo de los hogares y un consumo que hoy está dinámico pero que, en 2026, ya estaría más moderado.
Por otro lado, el Gobierno sigue ensañado con las industrias extractivas, a las que busca imponerle una renta adicional del 1% en la primera venta o exportación de petróleo y carbón y que con precios altos su tasa de tributación llegaría a estar entre las más altas de la región, mientras que, en Chile, país con vocación minera, hay tope para preservar la competitividad. A este renglón quieren sumarle el sector financiero –con una tarifa de renta de 50%-, con lo que el país vería un aumento el costo de los préstamos que pide cualquier colombiano o una empresa, para sus proyectos*.
En resumen, la clase media de las ciudades tendría un impacto adicional en precios y salarios, porque pagaría más por parqueaderos, eventos y vehículos; mientras que los hogares vulnerables tendrían más caro el transporte y la comida, mientras que los sectores y personas que más tributan reciben una señal de inestabilidad que claramente los invita a llevarse el capital a otros países, justo cuando el país necesita inversión con urgencia.
Le corresponde ahora al Congreso poner el bienestar del país y de la gente por encima de cualquier cálculo político, porque no se trata de recaudar más y más, sino de forma inteligente -con una base más amplia y menos tasas-, con reglas de juego que muestren a los inversionistas responsabilidad fiscal, para que a través del crecimiento se logren los recursos para una inversión pública en el desarrollo, consistente en el tiempo, sin pasarle el recibo de la casa de empeño a la gente del común.
Es hora de ordenar la casa, de ponerle ‘tatequieto’ a los gastos de personal en el Gobierno y de tener una lucha efectiva y constante contra la evasión y el contrabando.
JAIME PUMAREJO HEINS
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/la-ambicion-rompe-el-saco-639038
