Expertos advierten que la suspensión de la regla fiscal y los ingresos inciertos prolongan el desequilibrio estructural.
Si bien tras los recortes que se aprobaron en el Congreso, el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 parece más realista en cifras, para los analistas esto no se traduce concretamente en sostenibilidad; tal y como lo advierte el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, que en su más reciente informe concluye que mantiene un alto grado de rigidez, una dependencia excesiva de ingresos inciertos y una suspensión prolongada de la disciplina fiscal.
El estudio, elaborado por el equipo técnico del Observatorio, resalta que el país llegará a 2026 con un déficit histórico de 7,1% del PIB y una deuda pública que supera el 60%, tras la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal; una medida, vigente durante tres años, que permite al Gobierno ampliar su margen de gasto en medio de la desaceleración económica y las presiones sociales, pero al mismo tiempo retrasa el retorno al equilibrio presupuestal hasta 2028.
El presupuesto aprobado asciende a $547 billones, cifra inferior en $10 billones al proyecto original presentado por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el ajuste no modifica la composición del gasto, ya que el 66% corresponde a funcionamiento, el 18% al servicio de la deuda y apenas el 16% a inversión pública.
Esto significa que el 84% del gasto total está comprometido en obligaciones permanentes, lo que deja un margen mínimo para financiar proyectos nuevos o reactivar la economía; por lo que el documento resume que “los recortes no alteran el fondo del problema: seguimos gastando mucho en mantener la estructura del Estado y muy poco en transformarla”.
“Los sectores más afectados por las reducciones fueron Hacienda, Trabajo e Inclusión Social, mientras que salud, transporte y la Presidencia de la República recibieron leves incrementos. Estas decisiones reflejan una repartición política más que técnica, que responde a presiones coyunturales y no a criterios de eficiencia fiscal o impacto social”, destacaron en el reporte.
El informe también alerta sobre la inclusión de $16,3 billones condicionados a la aprobación de una nueva ley de financiamiento, de la cual depende buena parte de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Según las proyecciones del Ministerio, esta ley permitiría recaudar $26,3 billones adicionales, equivalentes al 1,4% del PIB, mediante ajustes en tributos a alcohol, tabaco, combustibles e IVA. No obstante, la exclusión de impuestos territoriales, como cerveza y licores, por considerarse inconstitucional, ha reducido las expectativas de recaudo y aumentado la incertidumbre.
En términos más amplios, el Observatorio advierte un desfase estructural entre el Plan Financiero y el PGN, donde el gasto primario supera en 0,6 puntos del PIB lo proyectado por el Marco Fiscal de Mediano Plazo, mientras los ingresos se reducen en 0,2 puntos. Este desequilibrio no solo compromete la coherencia de la política fiscal, sino que además mina la credibilidad de las metas de ajuste planteadas por el Gobierno.
El recaudo tributario, por su parte, permanece estancado, ya que tras alcanzar un pico del 16,6% del PIB en 2023, gracias a los adelantos de pago derivados de la reforma de 2022, el ingreso efectivo del Gobierno Nacional Central cayó de nuevo por debajo del 15%.
“Las proyecciones apuntan a una recuperación gradual hasta el 16,5% en 2026, pero esta meta resulta optimista y difícil de cumplir sin una reforma estructural adicional. El uso recurrente de transacciones de única vez para inflar temporalmente el recaudo, por ejemplo, cobros anticipados o ventas de activos, también ha distorsionado la transparencia de las cifras fiscales”, acotaron.
Ante esto, el Observatorio subraya que el problema no radica únicamente en el monto del presupuesto, sino en la calidad del gasto, dado que en 2025, la ejecución presupuestal alcanzó el 58,7% a septiembre, una cifra en línea con el promedio histórico, pero con un rezago acumulado de $62,6 billones del año anterior y aunque el ritmo de desembolsos ha mejorado, el impacto sobre el déficit se mantiene alto y restringe la posibilidad de nuevos ajustes en 2026.
“A ello se suma la desigual distribución territorial de la inversión, de la cual solo el 74 % está regionalizada. Bogotá, Antioquia, Valle, Cundinamarca y Atlántico concentran casi la mitad de los recursos, mientras que departamentos periféricos como Vaupés, Guainía y Amazonas reciben menos del 1 %. Esta brecha refleja una persistente inequidad en la asignación del gasto público que contrasta con el discurso de equidad territorial”, dijo el Observatorio.
De esta forma, el balance final del informe es tajante y sostiene que el PGN 2026 corrige algunos excesos del pasado, pero no cambia la trayectoria de deterioro fiscal; ya que los ajustes son más cosméticos que estructurales y dependen de decisiones políticas y judiciales aún inciertas.
Información extraída de: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/presupuesto-2026-recortes-no-corrigen-el-deficit-ni-la-dependencia-de-ingresos-inciertos-643246
