El Congreso Nacional de la Construcción de Camacol ratificó que el sector edificador atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Las cifras son contundentes: ventas reducidas a la mitad, iniciaciones en mínimos históricos y un aumento alarmante en los desistimientos de compra, especialmente en vivienda social. Más de 70.000 hogares quedaron en el limbo tras la suspensión abrupta del programa Mi Casa Ya, sin transición ni alternativas. El resultado no es solo una contracción económica, sino una fractura social.
Lo más preocupante no es la caída de indicadores, sino la ausencia de una política pública articulada, que seguirá así porque desde el Gobierno no hay señales en sentido contrario. El Ministerio de Vivienda, ha fallado en su rol de coordinador. No basta con decretos ni promesas: se requiere liderazgo técnico, capacidad de ejecución y visión territorial. La vivienda no puede seguir dependiendo de esfuerzos aislados de cajas de compensación o de gobiernos locales. Se necesita una estrategia nacional que combine subsidios bien diseñados, financiación estable y planificación urbana.
Otro aspecto -no menor- es una informalidad laboral en el sector que supera el 70% y crece mes a mes, afectando el recaudo fiscal y precarizando a miles de trabajadores.
La construcción, históricamente generadora de empleo no calificado, está perdiendo su capacidad de inclusión. Sin una política que reactive la inversión pública y privada, y que exija formalización como condición para acceder a beneficios, el deterioro continuará.
Además, hoy en día el déficit habitacional afecta a cinco millones de hogares, y la capacidad de compra cayó del 70% al 40% en apenas tres años. Si el Estado no interviene, la expansión urbana será informal, con consecuencias graves en seguridad, equidad y en sostenibilidad de las ciudades.
El Ministerio de Vivienda debe asumir su rol como articulador de recursos, regulador del suelo y garante de una política que combine impacto social con responsabilidad fiscal.
Camacol ha propuesto una hoja de ruta que incluye la renovación del programa Mi Casa Ya, incentivos al ahorro, esquemas de arrendamiento especializado y una estrategia de ordenamiento urbano con participación privada.
Iniciativas valiosas, pero que requieren respaldo institucional. El Estado debe condicionar los subsidios a resultados concretos: generación de empleo formal, cumplimiento ambiental, trazabilidad laboral y cobertura territorial. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor.
La recuperación del sector no será posible sin una alianza real entre lo público y lo privado. El Ministerio debe liderar, pero también exigir. Los gobiernos locales deben planificar, pero también coordinar. Y los hogares deben contar con instrumentos de ahorro y crédito que les permitan acceder a vivienda sin depender exclusivamente del subsidio.
Además, es urgente que el Gobierno nacional incorpore metas de vivienda en el Plan Nacional de Desarrollo, con indicadores de impacto social. Y el Congreso debe garantizar que los recursos asignados en el Presupuesto tengan destinación específica y seguimiento riguroso.
La vivienda es más que ladrillos: es cohesión social, dinamismo económico y estabilidad fiscal. Si el Estado no asume su rol con decisión, el sector seguirá navegando sin rumbo. Es hora de dejar los discursos, replantear y construir una política pública que le devuelva a la construcción de edificaciones su papel histórico como motor del crecimiento.
JAIME PUMAREJO HEINS
Información extraída de: https://www.dw.com/es/el-giro-de-trump
