La tensión entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos puede escalar si, eventualmente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros incluye al CEO de Ecopetrol en su lista
Es una situación inédita que no puede pasar desapercibida cuando se escriba la crónica de 2025, que poco a poco llega a su final. El presidente de Colombia, Gustavo Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron despojados de sus visas para entrar al territorio estadounidense e incluidos en los listados de la Ofac, la todopoderosa Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Los argumentos de las autoridades estadounidenses están en discusión política y en desarrollo investigativo, pero las consecuencias no se han hecho esperar; varios de los funcionarios más importantes han renunciado a sus visas en consideración o respaldo al Presidente y su Ministro, tales como el jefe de la cartera de Hacienda y la Canciller.
No obstante, la situación no ha parado allí y a poco menos de ocho meses de concluir esta administración, existe el escenario de que el CEO de Ecopetrol, Ricardo Roa, en un eventual desenlace de la tensión entre los dos gobiernos sea también incluido en esos listados.
El escenario se dibuja desde la realidad jurídica del representante legal de la compañía más importante de Colombia; investigaciones relacionadas con su gestión durante la campaña presidencial de 2022 y sus funciones en Ecopetrol, en las que hay embargo de bienes por deudas de campaña y presuntos direccionamientos de contratos.
Enfrenta demandas e investigaciones que han llevado a pensar en un eventual ingreso de Roa a la temida Lista Clinton que deriva en sanciones comerciales, financieras y reputacionales. No pueden hacer negocios o transacciones con ninguna persona o empresa en Estados Unidos; genera sanciones a quienes hagan negocios con ellos; las entidades financieras rompen relaciones comerciales, al tiempo que el Departamento del Tesoro puede congelar bienes y activos de los sancionados y prohibir vínculos comerciales.
Si Roa entra al listado, el golpe para la economía colombiana es de grandes proporciones, pues los mercados asumirían dicha información eventual en el valor de las acciones de la empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y en Wall Street. Todos los bancos que funcionan en Colombia tienen relaciones comerciales con Ecopetrol y estarían obligados a condonar las acreencias o a ejecutar sus negocios individuales, en un valor que supera los $10 billones, y lo que no es menor, no habría espacio en los mercados para disociar entre Presidente de la compañía y la compañía, si la Casa de Nariño o la junta directiva se aferran a que es un tema de persecución política, las cosas empeorarían.
Si Roa entra en la Ofac, no es un cisne negro, acudiendo a los supuestos de Taleb, de que no es una situación inesperada que lo cambia todo, incluso prevista en cualquier prospección de los centros de investigación, sino algo que puede suceder en estos momentos de alta pugnacidad política local e internacional. No es una noticia “imprevista y altamente improbable con un impacto masivo, que solo se vuelve predecible y explicable después de que ha ocurrido”, sino algo que está en el ambiente y sobre lo cual hay que actuar desde el Gobierno Nacional, pero más desde la Junta Directiva de la estatal que está actuando con extraños movimientos que el mercado aún no lee.
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