Según expertos en la materia, la propuesta del gobierno Petro podría desfinanciar el sistema de riesgos laborales.
Aunque el trámite de la reforma a la salud parece destinado al hundimiento de este proyecto, entre múltiples dilaciones, la discusión que se ha dado hasta el momento frente a este tema, ha girado principalmente alrededor del modelo de atención, la gestión de las EPS y la operación de los nuevos Centros de Atención Primaria, sin embargo, para algunos expertos, el debate no puede quedarse únicamente en la estructura asistencial.
En charla con Portafolio, Belisario Velázquez Pinilla, presidente de Belisario SAS, aseguró que los cambios que propone el Gobierno también tendrían efectos indirectos pero relevantes en el mercado laboral, especialmente en el manejo de incapacidades y en la financiación del sistema de riesgos.
En primer lugar, este abogado señala que los asuntos estrictamente relacionados con accidentes o enfermedades laborales no generan mayor preocupación porque continuarán bajo la administración de las ARL y durante la entrevista recordó que “si el trabajador tiene una complicación de salud, pero tiene que ver directamente con un factor de riesgo, con un peligro o alguna cosa así, pues no hay ningún problema porque estaríamos protegidos con los recursos de la administradora de riesgos laborales”.
En ese escenario, sostiene que las empresas no tendrían cambios sustanciales en sus obligaciones ni en su operación. Sin embargo, el verdadero foco de tensión surge en el manejo de los eventos de salud que no están asociados al trabajo; particularmente en los casos denominados como riesgo común, es decir, accidentes domésticos, lesiones fuera del horario laboral o enfermedades de origen cotidiano, pueden ocasionar largas incapacidades y, por ende, ausentismo significativo dentro de las organizaciones.
Frente a este punto, Velázquez advierte que “el asunto de salud sí puede afectar el trabajo, por la deserción laboral y el ausentismo, porque el sistema actual presenta retrasos derivados de intervenciones a varias EPS”.
La atención desde los CAP
La preocupación aumenta, según explica, porque la reforma insiste en reorganizar el modelo de atención primaria mediante los nuevos CAP y, al mismo tiempo, no define con claridad cómo se financiarán todas las obligaciones asociadas a esa estructura y por eso “el problema no es el modelo en sí, sino la sostenibilidad financiera que requiere. Me preocupa la caja con la que van a soportar” los cambios que plantea la propuesta del Gobierno, lo que podría agravar los tiempos de espera y la resolución de procesos en salud común.
En ese mismo sentido, alerta sobre un riesgo adicional que, de concretarse, tendría impactos severos en las empresas y en el mercado laboral, por medio de la posibilidad de que se utilicen los recursos de promoción y prevención de las ARL para financiar los CAP; punto en el que fue enfático frente a que aquello sería una mala noticia, pues “eso es un atentado contra el único sistema que está funcionando más o menos bien”, al considerar que riesgos laborales opera al 80% mientras que salud común está “por debajo del 50%”.
El experto recuerda que el sistema de riesgos laborales es, hoy, el segmento más estable dentro de la protección social; ya que las pensiones requieren financiación adicional constante y el sistema de salud enfrenta presiones crecientes, por lo que tomar recursos de las ARL para cubrir carencias de otros subsistemas implicaría debilitar al único que, en sus palabras, “va muy bien”.
Así las cosas, su preocupación radica en que, si se desfinancia riesgos laborales, las empresas podrían enfrentar mayores cargas y una reducción en la capacidad de respuesta ante emergencias. No obstante, resalta que las compañías sí cuentan con herramientas vigentes para prepararse ante los retos que se derivan del sistema de salud, aun cuando el proyecto de reforma siga en discusión.
“Una de las más importantes es la Resolución 3050 de 2022, que creó el Programa de Rehabilitación y Reincorporación Laboral. Es lo más bonito que le ha pasado a los empresarios, porque permite gestionar de manera estructurada el retorno de los trabajadores incapacitados”, sostuvo.
Este programa permite analizar cada caso, realizar diagnósticos, establecer planes de reincorporación y hacer seguimiento exhaustivo, lo cual reduce el tiempo de inactividad y protege la productividad; al tiempo que, además de ser obligación del empleador, el éxito del programa depende de coordinarse con las EPS y, de ser necesario, recurrir a mecanismos legales para exigir la atención
Desde su perspectiva, este enfoque permitirá compensar las posibles fallas del sistema de salud en el tratamiento oportuno de eventos de riesgo común y en ese sentido, también destaca la importancia de la reciente Resolución 1843 de 2025, que introduce por primera vez un examen médico ocupacional de seguimiento y control.
“Este instrumento nos facilita la vida porque permite verificar si el trabajador asistió a terapias, si recibió la cirugía ordenada o si su evolución médica avanza adecuadamente. Para las empresas, disponer de esta información permite intervenir de forma oportuna y reducir el agravamiento de las condiciones de salud”, acotó.
Se suma la reforma laboral
Además, la reforma laboral aprobada en paralelo también introduce exigencias complementarias; frente a las que Velázquez enfatiza que la norma exige romper barreras en los lugares de trabajo para facilitar la reincorporación, con un plazo inicial de 20 días que puede ampliarse razonablemente. De esta manera, la reincorporación deja de ser una práctica discrecional y se convierte en una obligación con tiempos definidos que articulan la productividad con la protección del trabajador.
Aun con estos instrumentos, el experto insiste en que la productividad segura debe convertirse en un enfoque transversal dentro de las compañías; dado que considera que “una productividad segura nos garantiza trabajadores sanos, menos días perdidos y trabajo decente”, por lo que el desafío es fortalecer la cultura de la prevención en las organizaciones.
No todo cae en las empresas
Por último, en este escenario, el papel del trabajador también resulta determinante. Velázquez recuerda que “el eje de este asunto es el trabajador” y que, sin su voluntad, ningún proceso de recuperación tendrá éxito.
Para él, la reincorporación no solo mejora la operación de la empresa, sino también el bienestar emocional del colaborador, porque “no hay nada más duro con un trabajador que estarse en su casa 20, 30 o 60 días haciendo nada” y por eso insiste en que empresas, ARL, EPS y trabajadores deben trabajar con un fin común.
De esta forma, el llamado final del experto es a robustecer la información clara y oportuna entre las partes, dando cumplimiento a lo exigido por la normativa, dado que solo así, dice, será posible intervenir de manera rápida para evitar que las incapacidades se prolonguen y que los procesos se dilaten.
Información extraída de: https://www.portafolio.co/economia/empleo/reforma-a-la-salud-y-los-impactos-no-previstos-en-el-mercado-laboral-483422
