El Consejo Gremial no solo manifestó su “profundo” rechazo, sino que aseguró que esta solicitud les pide a las empresas revelar información que es confidencial y amparada por la reserva comercial, por lo que
el ente de control está excediendo sus competencias constitucionales y legales.
“La exigencia generalizada de información sujeta a reserva comercial —como los criterios de fijación de precios y márgenes de utilidad— resulta inconstitucional y afecta la seguridad jurídica, la estabilidad de los mercados y la confianza inversionista”, manifestó el Consejo, que reúne a los gremios económicos más importantes del país.
De igual manera, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) señaló que requerir este tipo de información a actores privados puede vulnerar el derecho a la libre empresa y que si bien la SIC tiene la posibilidad de solicitar información a personas naturales o jurídicas,
esta facultad la debe ejercer en los precisos términos que la ley establece.
“Solicitar información sobre la estructura de costos, el margen de ganancia o, incluso, elementos de política comercial de una empresa, excede las facultades de la Superintendencia cuando dicha indagación no resulta ni pertinente ni conducente para el ejercicio de sus facultades legales”, expresó su presidente Bruce Mac Master.
Por su parte, el presidente del gremio de los comerciantes Fenalco, Jaime Alberto Cabal, opinó que atajar una inflación inducida por reiteradas decisiones equivocadas y populistas del gobierno a punta de controles de precios es un acto de irresponsabilidad y también de ignorancia de los principios fundamentales de la economía.
“Quieren convertir a la SIC en una Superintendencia de Precios. Las amenazas del Gobierno de castigar a las empresas no son la manera de reparar el inmenso daño que le ha hecho al país el ajuste desbordado del salario mínimo para el presente año”, sentenció.
La realidad es que fue el propio Gobierno el que mencionó a principios de año que podría llegar a analizar medidas como el control de precios para evitar posibles prácticas especulativas y presiones al alza de la inflación, la cual los analistas del Banco de la República esperan que cierre el año en 6,4 por ciento, un nivel superior al 4,6 por ciento que proyectaban anteriormente.
“Estamos examinando medidas de control de precios para evitar presiones inflacionistas. Estaremos muy atentos a controlar y sancionar las prácticas especulativas que son ilegales. La especulación hay que evitarla y perseguirla”, decía el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a Blu Radio, en la primera semana del año.
Para María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia) y de la alianza de gremios Aliadas, este tipo de solicitudes amplias y generalizadas de información sobre estructuras internas de precios y márgenes pueden generar
incertidumbre jurídica y afectar la autonomía empresarial.
“La libre fijación de precios es un pilar del modelo económico colombiano. Cualquier intervención estatal debe estar claramente delimitada por la ley y responder a investigaciones concretas, para evitar efectos adversos sobre la competencia, la inversión y el bienestar del consumidor”, sostuvo.
En la misma línea, Luis Fernando Mejía, exdirector del centro de pensamiento Fedesarrollo, calificó el alcance del requerimiento de la SIC como “preocupante” pues el nivel de detalle exigido equivale a una supervisión microeconómica directa de decisiones comerciales que, en una economía de mercado, corresponden a las empresas y al proceso competitivo.
“Combatir abusos de mercado es legítimo y necesario. Pero hacerlo requiere análisis de competencia, evidencia de colusión o posición dominante, no una fiscalización generalizada de la formación de precios”, afirmó.
Información extraída de: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/los-miedos-de-los-empresarios-ante-el-riesgo-de-control-de-precios-de-la-sic-3530119
