Colombia necesita crecer más rápido. No es un eslogan de campaña: es la condición para resolver los problemas que han definido este ciclo electoral. La desigualdad, las regiones olvidadas, el Estado que no llega, la informalidad que atrapa a millones: todos esos problemas tienen solución posible, pero solo si el país crece de manera sostenida, acelerada y más equitativa. Esa tarea es apremiante.
Requiere que el Ejecutivo que llegue el 7 de agosto y el legislativo que ya está en funciones construyan una agenda compartida con el sector privado, los gremios y los emprendedores. Sin ese diálogo, la promesa de cambio que movilizó a millones de colombianos seguirá siendo papel.
La agenda de competitividad e inversión no encontró el eco que merecía en el debate público de este ciclo electoral.
Las preguntas sobre nearshoring, barreras reales al emprendimiento, financiación estructural del sistema de salud o integración del sector rural a mercados con poder de compra quedaron al margen del centro del debate electoral.
Independientemente del resultado de este Domingo, El Pacto Histórico no desaparece el 22 de junio.
Es la primera fuerza legislativa del país, con 36 curules en el Congreso y una base electoral que en primera vuelta superó el 40% de los votos. Eso no es una anomalía: es la expresión de millones de colombianos que sienten que el Estado no los sirve, que las regiones han sido ignoradas, que el sistema favorece a quienes ya tienen y excluye a quienes intentan entrar. Ese malestar es legítimo. Los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta lo reconocieron, cada uno a su manera.
El problema del Pacto estos cuatro años no fue el diagnóstico. Fue el método.
Gobernar le resultó esquivo porque convirtió la polarización en estrategia permanente, hizo del sector productivo el antagonista de sus transformaciones e interpretó como traición cualquier voz interna que proponía maneras pragmáticas de alcanzar los mismos fines. En el resto del mundo, esos funcionarios habrían sido valorados como servidores públicos responsables.
En Colombia fueron apartados. El resultado fue un gobierno de mucha política y poca construcción de Estado.
La social democracia moderna lo entendió hace décadas. Lula transformó Brasil con el empresariado, no contra él, y sacó a decenas de millones de la pobreza sin espantar la inversión. Mujica redujo la desigualdad en Uruguay con pragmatismo y sin dogma.
Claudia Sheinbaum defiende la economía de mercado y la inversión extranjera como la base del Estado social que quiere construir. El progresismo que ha dejado huella en el hemisferio comparte una convicción: la empresa sostiene al Estado. Convertirla en enemigo es quizás el error más costoso que puede cometer un movimiento con vocación transformadora.
La pregunta que el Pacto necesita responder, gane o no el domingo, es si prefiere aferrarse al estatismo que en Cuba, Venezuela o la Argentina del siglo pasado no trajo bienestar sino retroceso, o si elige unirse al progresismo colaborativo que avanza en Europa y en los países vecinos que progresan. Colombia es más liberal y más solidaria de lo que cree: aquí nadie disputa que la educación y la salud son derechos, que los adultos mayores merecen protección o que los impuestos deben ser progresivos.
Lo que falta es voluntad de construir consensos sobre los medios, no sobre los fines. La tolerancia y la empatía son quizás la lección más importante de estos cuatro años. Para todos.
Artículo basado en información de portafolio.co
