Ecopetrol estrenó junta directiva esta semana. Seis de sus nueve miembros son nuevos y quedaron en el cargo hasta 2029.
La primera tarea del órgano es elegir al presidente de la estatal, después de las salidas en cadena de Ricardo Roa y de Juan Carlos Hurtado. Todo apunta a que la junta nombrará a Joaquín Gutiérrez, cercano al presidente Abelardo de la Espriella.
No es un trámite societario. El Estado es dueño de cerca de 88% de las acciones, la compañía produce alrededor de 60% del petróleo del país, transporta más de 80% de los hidrocarburos y, según el saliente presidente de la junta, Luis Felipe Henao, le entrega a la Nación unos $35 billones al año, equivalentes a casi 16% del Presupuesto General.
Como dicen en la calle, cuando Ecopetrol estornuda, las finanzas públicas se enferman.
El diagnóstico que dejó Henao en entrevistas radiales es severo. “En Ecopetrol no se robaron un contrato, se robaron el gobierno corporativo”, dijo.
La auditoría forense que adelanta la compañía identificó más de 32 casos emblemáticos, con hallazgos a disposición de la Fiscalía. Es una lista que va desde pagos por nombramientos hasta el fraccionamiento de contratos para esquivar el control de la junta.
Mientras tanto, los números cuentan otra historia, menos ruidosa y más preocupante. En el segundo trimestre de 2026 la utilidad neta llegó a $6,1 billones y creció 235%, los ingresos sumaron $40,2 billones y el margen bruto de refinación alcanzó un récord de 29,8 US$/Bl.
Pero la producción cayó 6,6% frente al mismo periodo del año anterior y se ubicó en 705.800 barriles equivalentes diarios. De ocho pozos exploratorios perforados en el semestre, solo dos resultaron exitosos.
El deterioro viene de atrás. Las utilidades anuales pasaron de $33,4 billones en 2022 a $14,4 billones en 2025, una caída de 57%, y hoy la capitalización bursátil ronda $113 billones.
Dicho de otro modo, el brent hizo el trabajo que no hicieron los barriles. La declinación natural de los campos de Ecopetrol S.A. ronda 18% anual y los bloqueos en CPO-9, Chichimene y Castilla costaron 1,3 millones de barriles en seis meses. Una petrolera que no explora, ha advertido Henao, se va liquidando en cámara lenta.
Ahí está la verdadera agenda del relevo. La junta se fijó como prioridad recuperar la senda de exploración y llevar al país de los cerca de 700.000 barriles diarios actuales a 800.000 y luego al millón. Suma el desarrollo de los no convencionales de La Luna, en el Magdalena Medio, con inversiones potenciales superiores a US$9.000 millones en una década, y la respuesta al fenómeno de El Niño, que exigirá diésel y gas justo cuando el país depende de importaciones.
El mercado no pide milagros. Pide que Ecopetrol se comporte como una compañía técnica y no como un instrumento de política. Que la elección del presidente se decida por conocimiento en el sector de hidrocarburos. Que la auditoría termine en imputaciones penales y en recuperación de recursos, y no en un ajuste cosmético. Y que la conversación pública vuelva a girar en torno a reservas, pozos y márgenes.
Porque Ecopetrol no es del gobierno de turno ni de su junta. Es de los colombianos que la crearon en 1951, de los más de medio millón de accionistas minoritarios que esperan recuperar valor y de los contribuyentes que dependen de sus dividendos e impuestos para evitar otra reforma tributaria. Ojalá el nuevo liderazgo entienda que su mandato no es administrar los escándalos, sino ponerla otra vez a producir.
JOSÉ CAPARROSO
Artículo basado en información de portafolio.co
