Con la aprobación del monto del Presupuesto General de la Nación para 2027 en las comisiones económicas conjuntas, el nuevo Gobierno superó apenas la primera etapa de un trámite que todavía tiene varias estaciones por delante.
El Congreso fijó el techo del gasto en $635 billones y descartó una alternativa de la oposición, que proponía $596 billones, pero aún falta definir cómo se repartirá ese dinero, con qué artículos y bajo qué condiciones.
El calendario es corto. Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara tienen hasta el 25 de septiembre para votar el articulado y los rubros específicos, es decir, cuánto recibirá cada sector y cada entidad. Superado ese primer debate, el proyecto pasará a las plenarias de ambas corporaciones, que deben expedir la ley a más tardar el 20 de octubre.
Si ese plazo se vence sin decisión, la norma prevé que regirá el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda con las modificaciones aprobadas en primer debate. Esa regla explica buena parte de la ventaja con la que el Ejecutivo llegó a esta discusión.
Lo que se debatirá en las próximas semanas no es menor. Frente al proyecto que dejó el gobierno anterior, el servicio de la deuda sube de $118 billones a $155 billones, con lo que cerca de uno de cada cuatro pesos del presupuesto se destinará a pagar obligaciones financieras.
El gasto de funcionamiento pasa de $368 billones a $393 billones, mientras los ingresos corrientes de la Nación bajan de $310 billones a $299 billones y los recursos de capital, que incluyen el nuevo endeudamiento, saltan de $181 billones a $281 billones.
La aprobación llegó con mayorías amplias en las cuatro comisiones. Aun así, varios congresistas advirtieron que el respaldo no es un cheque en blanco. Algunos señalaron que el país no puede seguir con un déficit fiscal cercano al 9% del PIB, y otros pidieron priorizar la reducción del funcionamiento para liberar recursos hacia la inversión.
Desde la coalición de Gobierno llegaron solicitudes para aumentar partidas en distintos sectores. A la par, el Gobierno anunció un acto legislativo para que los congresistas puedan postular proyectos de inversión regional de manera pública, una pieza que pesará en la negociación.
El propio ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reconoció que “este presupuesto no es óptimo” y anticipó que vendrán la ley de rescate y el Plan Nacional de Desarrollo. Allí estará la prueba de fondo.
El Gobierno apunta a recortes cercanos a $20 billones este año y $45 billones el próximo, pero cálculos de algunos analistas estiman que un esfuerzo muy grande alcanzaría entre $25 billones y $30 billones, y reducir ministerios ahorraría apenas $3 o $4 billones, porque el grueso del gasto está en maestros, salud y fuerza pública.
El Gobierno insiste en que no habrá reforma tributaria, pero buena parte de los analistas considera que el ajuste no cerrará solo con recortes. Advierten que quitar subsidios o recortar programas podría resultar aún más difícil que subir impuestos, y que los nuevos ingresos deberán salir de más crecimiento o de tributos que no recaigan otra vez sobre los mismos contribuyentes.
El camino de aquí al 20 de octubre, entonces, no se limita a repartir recursos entre sectores, ni a decidir qué ministerios ganan o pierden frente a este año. Es el momento en que el Congreso y el Ejecutivo empezarán a mostrar si el sinceramiento de las cuentas viene acompañado de un plan creíble para financiarlas.
JOSÉ CAPARROSO
Artículo basado en información de portafolio.co
