Con la expedición del Decreto 1599 del pasado 22 de octubre, que fija el Presupuesto nacional de rentas y gastos para el próximo año, concluyó un capítulo pleno de sobresaltos para el gobierno actual. El más reciente tuvo lugar esta semana cuando, luego de celebrar la aparente uniformidad entre las versiones aprobadas por el Senado y la Cámara, apareció una discrepancia que invalidó lo hecho por el Congreso y obligó al Ejecutivo a apelar a una fórmula extraordinaria prevista en la Constitución.
El impase no estuvo exento de consecuencias. Desde el punto de vista político contribuyó a la salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y ocasionó renuncias en el Ministerio de Hacienda, que es el responsable directo del asunto. En lo que atañe a las partidas definidas fue necesario irse por el texto aprobado en el primer debate, con lo cual se sacrificaron una serie de ajustes que beneficiaban principalmente a los usuarios del sistema de salud y el de energía. Es de suponer que en su momento habrá que buscar la manera de asignar correctamente los fondos, pero, como bien reza el dicho popular, cada día trae su afán.
Mientras tanto, aparte de aprender una lección sobre mantener los ojos bien abiertos en el Capitolio, lo que procede es recordar que quedó en firme un presupuesto por 634,95 billones de pesos, el cual representa un aumento del 18,5 por ciento frente al monto ajustado del presente año. Dicha suma, muy superior a la presentada a finales de julio por el gobierno anterior, estuvo motivada por el ánimo de sincerar las cuentas oficiales.
No hay duda de que se trata de un esfuerzo loable, consistente en contar la verdad por dura que sea. Hecho el ejercicio de transparencia, queda en claro que la suma mencionada es impagable. No se puede ir por la senda de la irresponsabilidad fiscal y aumentar de manera considerable la deuda para subsanar un creciente desequilibrio de las finanzas estatales. Basta recordar que los ingresos corrientes de la Nación no cubrirían ni siquiera la mitad de los gastos programados en 2027.
Debido a ello, el Ejecutivo se ha comprometido con la pronta presentación de un proyecto de ley de rescate que permitiría adelantar recortes calculados en unos 70 billones de pesos. Sacar adelante una iniciativa que afectará a los capítulos de funcionamiento e inversión se convierte en toda una prueba de fuego.
Garantizar las mayorías que respalden los correctivos planteados será una de las primeras tareas que deberá asumir el mininterior designado, Alejandro Ordóñez
Porque aún sin conocer el texto de la iniciativa es posible prever que los sacrificios no serán pocos y afectarán a todo el aparato estatal. Por otra parte, queda por verse si hay alguna intención de aumentar el esfuerzo de los contribuyentes.
De ser así, vale la pena reiterar que el mismo gobierno ha dicho que no se les puede cargar la mano a los empresarios, cuyo aporte supera con creces al que es usual en otras sociedades. Diferentes informes señalan que el peso de las obligaciones tributarias en Colombia para las personas jurídicas se encuentra entre los más altos del mundo, hecho que nos quita competitividad y espanta la inversión productiva.
Más que hablar en abstracto sobre qué debería hacerse, lo procedente ahora es conocer cuanto antes la propuesta gubernamental. El tiempo apremia. Dada la magnitud del desafío, resulta indispensable que tanto los parlamentarios como la ciudadanía cuenten con tiempo suficiente para analizar el articulado y se genere una controversia constructiva. Sería deplorable, en cambio, tener que correr contra el reloj para sacar algo a marchas forzadas, y más después del descalabro de los últimos días.
No son los colombianos los únicos que esperan con atención el texto que deberá ser radicado por el Ministerio de Hacienda. Los tenedores de deuda en pesos y en divisas, entre otros, confían en que se reiterará el compromiso de mantener la casa en orden y despejar, en la medida de lo posible, el complejo panorama fiscal.
EDITORIAL
Artículo basado en información de eltiempo.com
