En octubre, Colombia compró en el exterior el 41% del gas que consumió, y tres cuartas partes de ese volumen se fueron a mantener encendidas las termoeléctricas en pleno fenómeno de El Niño.
El Gobierno, que llegó en agosto con esa crisis ya encima, ha decidido recuperar el gasoducto Antonio Ricaurte, que une La Guajira con la zona del Lago de Maracaibo. Es una buena decisión, aunque su alivio tardará más de lo que el país necesita.
El nuevo gobierno no creó el problema, recordemos que la Unidad de Planeación Minero Energética advirtió desde 2017 que habría déficit a partir de 2024 si no se reponían las reservas.
La administración anterior dejó de firmar contratos de exploración y suspendió los pilotos de yacimientos no convencionales. La oferta nacional cayó cerca de 30% en tres años, y al cierre de 2025 las reservas probadas alcanzaban para menos de seis años.
El tubo tiene 225 kilómetros, 88 de ellos en Colombia, y lleva más de diez años inactivo. Su ventaja es el costo.
El gas que llega por barco debe enfriarse hasta volverse líquido, cruzar el mar y regasificarse en puerto, y cada etapa encarece la factura. Por tubería llega en estado gaseoso, sin esos pasos.
Hoy el gas importado por Cartagena cuesta casi US$25 por millón de BTU, 79% más que en febrero, y Campetrol estima que el venezolano quedaría muy por debajo.
El Gobierno se ha movido con rapidez. En una semana declaró la obra proyecto de interés nacional y estratégico, y aspira a recibir el primer gas en 2027.
Pero el plazo no depende exclusivamente de Colombia. Las obras las debe financiar y ejecutar PDVSA, dueña del tubo, y aún no tienen fecha de inicio ni presupuesto.
Faltan además permisos y la licencia de la Ofac, la oficina del Tesoro estadounidense que administra las sanciones a Venezuela.
Varios analistas coinciden en que, en la práctica, el gas no llegará antes de un año. Y cuando llegue será poco.
La primera fase prevé 50 millones de pies cúbicos diarios, cerca de 5% del consumo nacional. El tubo puede mover hasta 450, casi la mitad de lo que demanda el país, pero no hay fecha para ese volumen.
La estrechez, en cambio, no espera. La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, advierte que el déficit podría aparecer desde febrero próximo.
Sergio Cabrales, de la Universidad de los Andes, calcula que si las regasificadoras del Pacífico y de Puerto Bahía no entran a tiempo, el faltante en marzo rondaría el 11% de la demanda.
La del Pacífico ya se aplazó a finales de diciembre. La cuenta la pagan las térmicas y los hogares de estratos 1, 2 y 3, que son la gran mayoría de los usuarios.
Esta dependencia de Venezuela ya no supone el riesgo de antes. Tras la captura de Maduro en enero, Washington respalda al gobierno interino y el Pentágono tomó participación en una petrolera privada venezolana, lo que debería agilizar la licencia.
Persiste su fragilidad, porque en el Lago de Maracaibo, de donde saldría el gas, la infraestructura está deteriorada, hay apagones de hasta 12 horas y la inversión apenas llega.
El verdadero peligro es que el gasoducto se vuelva la excusa para descuidar lo que sí resuelve el problema.
Las regasificadoras deben llegar a tiempo, y el país necesita terminales más grandes. También necesita explorar, como insiste la ministra, y acelerar Sirius, el hallazgo costa afuera, que produciría hacia 2031 y cuyos gasoductos deben planearse ya.
El tubo venezolano traerá gas más barato, pero tarde. La crisis se juega por todos lados, en las regasificadoras y en los pozos, no solo en la frontera.
JOSÉ CAPARROSO
Director de Portafolio
Artículo basado en información de portafolio.co
