En el plan se incluye, por ejemplo, una serie de facultades extraordinarias para que el presidente logre modificar la institucionalidad existente para incluir el término “economía popular”.
Durante campaña, al hoy presidente Gustavo Petro se le oyó en múltiples ocasiones mencionar la importancia de la economía popular, que define el conjunto de actividades y prácticas desarrolladas por los sectores populares con miras a garantizar la satisfacción de necesidades básicas, a través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles. En la informalidad, los negocios que están bajo la economía popular no cuentan con registros mercantiles, RUT, ni se les reconoce como trabajadores. Según el Dane, 58,2 por ciento de los colombianos ocupados están bajo la linea de informalidad, indicador que es más alto en ciudades como Valledupar (69,5 por ciento), Riohacha (68,3 por ciento) y Sincelejo (67,1 por ciento).
El nuevo Plan Nacional de Desarrollo buscará modificar la institucionalidad existente para incluir el término economía popular. El artículo 57 crea el Consejo Nacional de la Economía Popular, un organismo asesor y consultivo del Gobierno que se encargará de formular las líneas de la política pública y de coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para el reconocimiento, defensa, asociación libre, fortalecimiento para promover la sostenibilidad de la economía popular.
Uno de los mayores problemas de la economía popular es el acceso a financiamiento y, por ello, es muy común que caigan en redes de gota a gota. El artículo 60 del Plan Nacional de Desarrollo busca impulsar instrumentos para la inclusión financiera, como el desarrollo de garantías de portafolio a deudores, tasas compensadas e incentivos al buen pago y se creará la figura del crédito grupal o asociativo. Esta política buscará que el Estado financie y riegue liquidez a bancos que normalmente no le prestan a pequeños negocios informales.
“Esto se hará a través de la Banca de Oportunidades, pero no es claro cómo el Estado va a llegar a estas personas porque no están los registros públicos y es difícil poder localizarlas. Si bien están establecidos créditos de pequeños montos para proyectos productivos, no es claro cómo se va a verificar que efectivamente sean proyectos productivos”, asegura María del Pilar López, profesora de Economía de la Universidad de los Andes.
En términos de contratación pública, los artículos 66 y 72 permitirán a este tipo de negocios, bajo los criterios de igualdad y equidad para contratar con el Estado, y se establece que para la suscripción de dichos contratos no requerirán la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP). También se detalla que las entidades podrán contratar de manera directa mediante esquema o modalidad de Asociaciones Público-Populares con unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas.
En cuanto a caracterización y clasificación, el Plan Nacional de Desarrollo también incluye tareas para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La entidad deberá diseñar, implementar y administrar dos sistema de información enfocados a la economía popular. El Dane también deberá incluir en el Censo Económico Nacional las unidades que pertenecen a este segmento.
Modificación de las Superintendencias
Entre las facultades extraordinarias con las que contará el presidente Petro causaron sorpresa las otorgadas para la transformación a las Superintendencias de Sociedades y la de Industria y Comercio. Durante seis meses, el mandatario podrá determinar y modificar los objetivos, funciones y competencias relacionadas con el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control.
El objetivo será depurar la normativa vigente para establecer los instrumentos que se requieran para implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular. Es decir, hoy en día estas entidades no reconocen el concepto de economía popular y tienen la capacidad de sancionar a una unidad productiva que no renueve un registro mercantil de la Cámara de Comercio.
Para María del Pilar López, profesora de Economía de la Universidad de los Andes, en términos de intención va por buen camino lo planteado, pero le preocupan dos cosas. “No hay una definición clara de lo que es la economía popular y lo segundo es que lo que los cambios de contratación y eliminación de multas en la Superintendencia no está atacando la raíz del problema, que es la informalidad. Es decir, no está buscando mecanismos para que estos negocios se muevan a la formalidad”, agrega López.
En la misma línea, el economista Roberto Ángulo, socio de Inclusión SAS, explica que hay tres pasos distintos que forman parte de la complejidad de la política pública que se deben cumplir. “Conceptualmente qué es la economía popular, empíricamente cómo se mide y desde el punto de vista analítico cuáles son las cosas que se quieren estimular y desestimular. Hacerlo sin siquiera haber surtido el primer paso me parece riesgoso y desordenado”, puntualiza.
