Este proyecto ya cuenta con el concepto fiscal del Minhacienda, pese a las críticas que se han hecho a su articulado, por sus efectos a futuro.
En medio de un fuerte debate entre el Gobierno, los analistas y diversos sectores en el país, se cumplen los plazos para que el Congreso de la República decida si da o no luz verde al proyecto de ley con el que se pretende modificar el sistema de pensiones, según se ha indicado desde el Ministerio de Trabajo, con el fin de mejorar la cobertura y la protección en la vejez, de las personas más pobres.
Si bien el presidente Gustavo Petro y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, han resaltado que el concepto fiscal entregado por el Ministerio de Hacienda es una prenda de garantía respecto a la viabilidad financiera de esta iniciativa, todavía se escuchan voces de alerta frente a las repercusiones que podría tener en el largo plazo sobre el fondo de ahorro.
El mismo concepto de la cartera de Hacienda establece que las características demográficas y dinámicas del mercado laboral llevarán a que el país enfrente una desfinanciación del sistema en 2070, debido a la gran carga presupuestal que caerá en los pilares solidario y semicontributivo.
En el concepto fiscal también se aprecia, al revisar las cuentas proyectadas al 2100, que sin la reforma el pasivo pensional sería del 84,12 % del PIB; mientras que con este cambio que busca el Gobierno del presidente Petro, pasaría a 126,38% del Producto Interno Bruto, dejando una diferencia de más de 40 puntos, que se traducen en más de $600 billones de diferencia a ese plazo.
Esto ha planteado serias dudas respecto a la conveniencia del proyecto que espera su segundo debate en la Cámara de Representantes. Sin embargo, recientemente dos centros de análisis revisaron esta iniciativa y plantearon los retos y propuestas para lograr su viabilidad de cara al futuro.
Uno de ellos fue el Centro de Estudios Económicos Anif, en cabeza de su presidente, Mauricio Santa María, quien señaló que se puede empezar por proteger a la población que no podrá pensionarse con una transferencia mínima e incentivar el ahorro para aquellos que puedan cotizar por debajo de un salario mínimo mensual legal vigente.
Para este experto es necesario tener presente que actualmente solamente una de cada cuatro personas en edad de pensión recibe una mesada pensional y que si bien la cobertura de afiliadas sigue siendo baja, tiene mejor resultado en el RAIS.
“En esta reforma hay que analizar que gran parte de los ocupados ganan menos de un salario mínimo y eso los excluye de entrada de la protección social. Podemos empezar por garantizar rápidamente una transferencia de $250.000 para 1,7 millones de adultos mayores de 65 años”, agregó Santa María.
Frente al esquema de pilares, el presidente de Anif sostuvo que estos podrían considerar cambios como un sistema en el que el umbral obligatorio de Colpensiones sea de 1 salario mínimo, reestructurar el Pilar Semicontributivo de manera que no se afecte el ahorro de las personas y fijar el monto del pilar solidario en $223.000.
“Es necesario que haya un manejo responsable de las cotizaciones que pasen al sistema público, para que se destinen 100% al ahorro y que en el pilar semicontributivo se reconozca la rentabilidad causada en el período de ahorro”, explicó Mauricio Santa María.
Otro de los conceptos para lograr una mejor viabilidad de la pensional llegó desde el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf). Allí, su director, Andrés Velasco, indicó que una de las cosas que más preocupa es que el pilar contributivo propuesto le cuesta más al Gobierno de lo que hoy cuesta el esquema de prima media del sistema de pensiones.
“Acá hay que tener en cuenta que aumenta la población de la que el Gobierno se hace responsable, que parte de las cotizaciones que recibirá Colpensiones no se ahorran, que el sistema público pagará pensión a más adultos mayores, teniendo en cuenta que hay menos semanas requeridas para las mujeres y se crea el esquema de prestación anticipada”, explicó.
Para este analista es importante tener en cuenta que en el esquema actual que se propuso desde el Gobierno Nacional, a futuro se recibirán menos aportes al sistema público y que la Nación deberá cubrir mesadas que antes se cubrían desde el Fondo de Garantía de Pensión Mínima.
“Es por esto que recomendamos cosas como garantizar que el Fondo de Ahorro sea administrado por gestores profesionales, con una gobernanza clara que permita la búsqueda de la maximización de rentabilidad y que se reduzca el umbral que pasa a Colpensiones a un salario mínimo, para maximizar el ahorro nacional y limitar los subsidios”, explicó el director del Carf.
Otras de las propuestas que llegó de parte del Comité Autónomo de Regla Fiscal, estuvieron encaminadas a reducir los beneficios de la prestación anticipada, mediante un aumento de las semanas para la elegibilidad y teniendo en cuenta que el tratamiento diferencial a las mujeres se logra “con la propuesta inicial de disminuir las semanas requeridas en 50 por cada uno de los tres primeros hijos”, si se llega a aprobar.
Uno de los puntos que más llama la atención y en los que el Carf se mantiene desde la primera propuesta de reforma pensional, tiene que ver con el llamado a introducir cambios a los regímenes especiales, que “son 2/3 de las erogaciones pensionales del Gobierno Nacional” y con esto mitigar la carga fiscal que la Nación asume del sistema.
Desde agosto, el Carf había resaltado que los regímenes especiales representan una gran carga financiera para la Nación, y recordó que en 2022 se destinaron cerca de $22 billones del Presupuesto General de la Nación para cubrir las necesidades de estos, razón por la cual es necesario darles un vistazo, con miras a establecer posibles cambios.
Mintrabajo defiende la viabilidad financiera
Recientemente, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, celebró el concepto fiscal del Ministerio de Hacienda, frente al cual dijo que “todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles, manteniendo la sostenibilidad del sistema de protección a la vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo, de modo que pueden incorporarse en la planeación financiera del Gobierno Nacional en línea con las restricciones presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo y en estricto cumplimiento de la regla fiscal”.
Este proyecto está a la espera de que se agende su segundo debate en la Cámara de Representantes, mientras el gobierno pide celeridad en el respectivo trámite.
