El Gobierno Nacional se debe olvidar de las amenazas de nuevas consultas populares, al poner a andar nuevos sistemas laboral y pensional, a un año de terminar su mandato.
Mientras el Congreso de la República le da los últimos retoques al nuevo régimen laboral, el sistema de pensiones basado en pilares, empezará a regir en poco más de dos semanas.
Es una suerte de moñona legislativa lograda por la primera administración nacional de ideas de izquierda en la historia del país, ahora bien, las formas no han sido las mejores: el revolcón pensional espera el visto bueno en los altos tribunales por aparentes fallas en el trámite en la Cámara; de la misma manera, el curso legislativo de la reforma laboral es todo un chantaje político, que después de haber sido derrotado en el Senado y bajo amenaza de una consulta popular -también derrotada- revivió y está a punto de revolcar la manera como trabajan los colombianos, con unos costos para los empleadores que nunca se tuvieron en cuenta en el debate.
El nuevo sistema pensional es moderno e inclusivo, pero tiene grandes retos en términos de sostenibilidad fiscal, la cobertura sigue siendo limitada, la inequidad entre los pilares y el impacto en el mercado laboral y de capitales, nunca fueron valorados por el Gobierno Nacional ni los congresistas que lo aprobaron y que será realidad el próximo 1° de julio.
La capacidad del sistema para financiar las pensiones futuras, dado el aumento de la expectativa de vida y la exposición de subsidios estatales, son problemas en el mediano plazo que se deberán entrar a corregir por el próximo Gobierno. Es inevitable, como ha sucedido en todos los países de la Ocde, que la edad de pensión se homologue entre hombre y mujeres para que el costo no siga aumentando.
En el frente laboral, nunca se tuvieron en cuenta los verdaderos problemas económicos, que son crónicos del país en este frente: desempleo, informalidad, productividad y los enormes costos laborales de generar nuevos puestos de trabajo para las personas y las empresas. La reforma propuesta a la fuerza por el Gobierno Nacional y sin la más mínima concertación nunca tuvo en cuenta que la mayoría de la fuerza laboral trabaja en la informalidad, tampoco analizó la inestabilidad laboral, la baja productividad y el nulo acceso a beneficios sociales, nada de esto jamás se tuvo en cuenta para ser estudiado en el Congreso.
El Ejecutivo y el Legislativo pecaron al no estudiar a fondo la desconexión existente entre la nueva regulación propuesta a las carreras y realidad económica de un país con más de dos millones de desempleados y que crece menos de 3%. Los costos laborales para las empresas, como los recargos por trabajo en festivos y nocturnos, no fueron cuantificados ni tenidos en cuenta; los empleadores fueron unos invitados de piedra al debate, sin tenerlos en cuenta, siendo ellos quienes pagan la aparente fiesta de la democracia.
El país laboral entra en una nueva etapa de incertidumbre, pues los verdaderos costos de estos avances en material pensional y laboral aún no se ven en el ambiente, pero llegarán a notarse. Es verdad: pocas veces en la historia reciente, el país económico se había sometido a cambios tan estructurales en poco menos de un año, el sistema pensional está al partidor y al nuevo régimen laboral solo le falta algunas conciliaciones en el Congreso, la firma en la Casa de Nariño y la atención a las demandas en los altos tribunales. Son auténticos cambios de época en dos de los pilares sociales más importantes de un país, pensiones y trabajo, y en ambos la concertación no existió.
Información extraída de: https://www.larepublica.co/opinion/editorial/adios-a-las-viejas-reglas-laborales-y-pensionales-4159895
