en el exterior”, como anticipa Pérez al señalar que “es lo más probable” si el decreto pasa, el mercado
de recursos buscando destino con una velocidad mayor a la capacidad de respuesta de la economía financiera local.
El documento de la Unidad de Regulación Financiera
plantea canalizar recursos hacia infraestructura y otros proyectos productivos, una opción que en teoría luce más alineada con una estrategia de inversión de largo plazo. Sin embargo, Pérez advierte que ahí aparece el verdadero cuello de botella, porque “el problema es que
no hay oferta de proyectos” o, al menos, no están en la etapa adecuada para recibir grandes flujos. La pregunta, insiste, es “si están listos para invertir”.
Esa preocupación no es menor, porque estructurar proyectos toma tiempo y exige un nivel de madurez técnica, jurídica y financiera que no se logra de un día para otro. Pérez recuerda que “las 4G, eso tomó años estructurar” y ese antecedente funciona como advertencia, ya que si el país quiere que una mayor proporción del ahorro pensional se quede en Colombia, no basta con definir un porcentaje, también se necesita un portafolio real de alternativas que evite que la asignación termine recargándose sobre los mismos activos.
En esa lógica, el riesgo es que, al regresar recursos, el mercado local
no tenga cómo diversificarlos rápidamente. Pérez dice que, en ese escenario, los fondos
podrían terminar con capital buscando unas alternativas de inversión que quizás no estén disponibles tan rápido en el corto plazo”, lo que alimenta la incertidumbre sobre el proceso de transición.
Así mismo, Pérez afirma que “claramente pues todo lo que no se invierta afuera va a llegar al país” y que “la gran mayoría va a ir a TES”, precisamente porque es “el activo más líquido y más disponible que hay”. Pero incluso esa válvula de absorción tiene límites, porque la Ley 100 establece un tope de inversión en deuda pública del 50%, lo que impide que todos los recursos terminen en el mismo lugar.
En paralelo, el mercado accionario
aparece como destino posible para una fracción de los flujos, aunque con restricciones estructurales; que Pérez resume al señalar que “el mercado
es muy pequeño y no puede absorber todo”. Si la oferta es corta y los topes regulatorios limitan el camino de menor resistencia, la reasignación podría forzar decisiones menos óptimas, no por falta de intención, sino por falta de instrumentos.
En esto hay que decir que el Gobierno parte de un crecimiento anual de aportes de $42 billones, con lo cual sería posible cumplir las metas del decreto sin traer grandes recursos del exterior, simplemente invirtiendo lo nuevo en Colombia para que aumente el peso relativo de lo local. No obstante, ese es “un supuesto grandísimo” porque depende de cuántas personas cotizan y de dinámicas como la formalidad.
Camilo Pérez
critica que la URF asuma “rentabilidad cero”, cuando esos portafolios suelen valorizarse, de modo que si continúan rentando habría que traer al país parte de ese crecimiento para cumplir la reducción del porcentaje externo. Con simulaciones propias, dice que “esa rentabilidad adicional
sí tendría que traerse al país”, aunque admite que proyectarla es complejo.
Por eso el rango de escenarios es amplio y puede ir desde un ajuste prácticamente nulo hasta cifras grandes, y ante eso, Pérez advierte que, dependiendo del comportamiento de los mercados y de los supuestos, la desinversión podría ser tan bajo como cero” o “casi 100 billones de pesos”; con lo cual, Colombia no solo enfrenta el desafío de recibir recursos, sino de convertirlos en inversión útil, diversificada y sostenible, sin que la falta de oferta termine siendo el verdadero límite del sistema.
Información extraída de: https://www.portafolio.co/economia/empleo/ahorro-pensional-esta-listo-el-pais-para-recibir-los-recursos-que-llegaran-desde-el-exterior-486852