Las alertas fiscales, operativas y de prestación del servicio de la reforma de salud son serias y deben ser abordadas en el debate del Congreso.
Esta semana la comisión séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la segunda versión del proyecto de reforma al sistema sanitario. La llamada ‘reforma a la salud 2.0’ inicia así su recorrido legislativo para tratar de evitar el hundimiento del primer intento, que se dio en el Senado en abril pasado.
Si bien el Gobierno ha desplegado una especie de ‘reforma por la puerta de atrás’ del servicio de salud en Colombia con preocupantes resultados, la Casa de Nariño y sus fuerzas políticas en el Congreso insisten en este articulado. De hecho, a pesar de haber sido convocados unos espacios técnicos con distintos actores del sistema para discutir el proyecto, la posición de varios de ellos es que la reforma 2.0 no recoge muchas observaciones que se expusieron. En otras palabras, el texto de la iniciativa insiste en la intención de la administración Petro de avanzar hacia la mayor estatización del sistema de salud colombiano.
Las alarmas sobre el tránsito de esta reforma sanitaria están disparadas por todos los lados y en varios frentes. El primero podría denominarse el político. Es decir, tras el hundimiento de la primera versión, lo esperado era que el Gobierno buscara la construcción de una reforma más consensuada y moderada que, sin eliminar aspectos centrales del ‘cambio’, incorporara, y sobre todo resolviera, las dudas y críticas de importantes actores sociales. Desafortunadamente, el Gobierno persiste en una visión de control del sector público sobre el sistema.
Un segundo frente es el financiero. Ayer la Andi publicó un estudio que, dentro de sus principales conclusiones, dispara una alarma sobre la incapacidad de Colombia para sostener fiscalmente la actual propuesta de la administración Petro de la reforma de salud. El equipo económico del gremio estimó que el modelo del Gobierno enfrentará de entrada un déficit de $161 billones en los próximos diez años.
A lo anterior se suma que Hacienda no ha entregado un concepto de aval fiscal para que los congresistas tomen decisiones cruciales con la mejor y más completa información técnica disponible. De añadirse otros rubros como el costo de construir nuevos centros de atención primaria y pagos de pasivos asociados a los Presupuestos Máximos y la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ese ‘hueco’ no haría más que crecer.
Hace unas semanas, Afidro, gremio de farmaceéuticas, y el centro de investigaciones económicas Anif presentaron un estudio sobre el estado financiero de la salud. Concluyeron que el sistema iniciaría 2025 con un déficit de $19,7 billones y recomiendan que la UPC aumente el año entrante 16,5%, lo que se traduce en una necesidad presupuestaria de $100 billones. Por otro lado, Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, estima el faltante de recursos en este 2024 en $5,9 billones por conceptos de UPC, Presupuestos Máximos y siniestros del Soat.
Si bien la insostenibilidad financiera del sistema de salud es de carácter estructural, las decisiones, las señales y las apuestas del gobierno Petro en la reforma han agudizado la crisis. Un servicio sanitario sin dinero suficiente derivará tanto en la debilidad operativa y administrativa de EPS y otros actores, como en el eventual deterioro generalizado en clínicas y hospitales.
Al final, Colombia dejará de contar con un bajo gasto de bolsillo en salud y este rubro comenzará a crecer. Los usuarios tendrán que financiar esos ‘huecos’ con su propio dinero. Estas alertas financieras, operativas y de prestación del servicio en torno a la reforma a la salud son tan serias que los congresistas no pueden darse el lujo de ignorarlas.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/alarmas-disparadas-editorial-617913
