Sin equilibrar el desbarajuste fiscal en una hoja de ruta sostenible, será difícil que las estrategias para la reactivación económica despeguen.
Esta semana el Gobierno Nacional continuó enviando mensajes sobre cómo luciría el paquete de iniciativas para la reactivación económica y las prioridades de esta tercera legislatura, con alto componente económico. A la par de medidas de corte sectorial -cuyos detalles y alcances aún no son tan claros- esta discusión incluye un crucial elemento fiscal, orientado especialmente a cuadrar unas finanzas públicas que, en 2024 y 2025, no le cierran a la administración Petro.
Lo corrido de este año ha estado caracterizado por los problemas de caja que han plagado el manejo económico del país. Quedó tan claro que las cuentas fiscales del Gobierno para este 2024 fueron demasiado optimistas y desconectadas de la realidad que el Ministerio de Hacienda se vio obligado a implementar un recorte de $20 billones.
No obstante, de acuerdo a un reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el ‘tijeretazo’ presupuestal solamente alcanzaría para aproximadamente $11,8 billones. ¿Vendrá pronto la necesidad de un recorte adicional? ¿Dónde están los ejercicios del gobierno Petro para reducir el gasto público innecesario y la burocracia ineficiente, así como desplegar programas de ahorro y austeridad ante la crisis?
A lo anterior se deben añadir las persistentes dificultades que la Dian ha enfrentado para lograr las estimaciones del recaudo. Hace pocos días, la Contraloría General de la República advirtió que el gobierno colombiano experimentó una preocupante caída del 17 por ciento, en términos reales, en el recaudo tributario del primer semestre de este año. Un desfase de esta magnitud es incluso mayor que el registrado en la primera mitad del 2020, cuando se sintió el impacto de la pandemia de la covid.
Ese escenario fiscal -con descenso en los recaudos, recortes de gasto público y una persistente baja ejecución presupuestal- es el que lleva a poner en duda la conveniencia de la propuesta gubernamental de una nueva reforma tributaria. La administración Petro ha anunciado, dentro de su paquete de reactivación económica, cambios impositivos para reducir la tasa nominal del impuesto de renta corporativa de 35 a 30 por ciento. Incluso el director de la Dian habló en días recientes de bajar aún más a 25 por ciento, eliminando decenas de beneficios tributarios.
Cabe preguntarse si el momento actual de las finanzas públicas aguantan una reducción en el impuesto de renta a las empresas y cuál sería su efecto en un eventual plan de reactivación económica. La inversión -o mejor la profunda caída que ha sufrido desde el frente privado- debería ser el foco de los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno y los empresarios. Cómo estimular una mayor inversión, cómo generar mejores condiciones para atraerla y consolidarla, cómo brindar la seguridad y la confianza para los inversionistas, cómo enviar señales coherentes y sólidas para que las empresas planeen y ejecuten esas inversiones, entre otras, deberían guiar las actuales discusiones sobre la ruta para recuperar la economía colombiana.
A los líos del 2024 se suman los nubarrones en forma de reducción en el monto de las inversiones que ya se perfilan para el Presupuesto General de la Nación de 2025. Sin desconocer la urgencia del Gobierno en la búsqueda de recursos frescos para cerrar el ‘hueco’- se presentará pronto una ley de financiamiento- la situación no puede conducir a una peligrosa flexibilización de las normas fiscales, la promoción de ‘inversiones forzosas’ y no concertadas y la incertidumbre en materia de impuestos.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.greenpeace.org/colombia/blog/issues/contaminacion/el-largo-camino-de-los-residuos-urbanos-mal-gestionados-cuando-la-basura-llega-a-rios-y-mares/
