Esto por cuenta de que según los diferentes analistas llevaría a un sobrecosto en el endeudamiento público del país a través de las mayores tasas de interés que le cobrarían al Gobierno a la hora de financiarse en el exterior.
“Es como cuando a una persona le bajan su puntaje crediticio: le prestan más caro, con más condiciones y con menos confianza. Eso mismo le pasa al país. Si a Colombia la perciben como más riesgosa, endeudarse cuesta más. Y cuando la deuda cuesta más, el Gobierno tiene que destinar una mayor parte de los recursos a pagar intereses, dejando menos espacio para invertir en salud, educación, infraestructura, seguridad y programas sociales”, explicó María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.
En medio del contexto actual de estrechez fiscal y un presupuesto desfinanciado en 16,3 billones de pesos, la Nación contaría aún con menos recursos para llevar a cabo sus políticas sociales, lo que le podría llevarle a buscar nuevas fuentes de ingreso como, por ejemplo, poner a pagar nuevos impuestos a los ciudadanos.
“La deuda pública aumentará su costo y para cubrir ese déficit estructural en las finanzas tendremos que pagar más impuestos. La deuda la pagamos los colombianos. Además, habrá menos recursos para inversión en temas como salud, vías o energía, entre otros”, manifestó el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño.
Precisamente, la calificadora aseguró que tomó tal decisión por los elevados desequilibrios fiscales que tiene el país, con un elevado gasto público, unas altas tasas de interés y una recaudación de ingresos inferior a la esperada.
“Nuestra calificación refleja la limitada flexibilidad fiscal, la elevada carga de deuda, la débil posición externa y el moderado PIB per cápita”, aseguró S&P Global Ratings a través de un comunicado.
Además, dijo que espera que el déficit fiscal del gobierno general alcance el 5,6 por ciento del PIB en 2026 y que la deuda pública neta se aproxime al 66 por ciento del PIB de aquí al 2029.
Ante esta situación, los expertos aseguran que también se crea una mayor incertidumbre, lo que a la larga termina afectando a todas las esferas de la economía.
“La rebaja manda un mensaje de alerta a los inversionistas: que el país ofrece hoy más incertidumbre, más fragilidad fiscal y menos confianza. Y sin confianza, la inversión se enfría. ¿Qué significa eso en la práctica? Menos empresas nuevas, menos expansión de las que ya existen, menos empleo y una economía con menor capacidad de crecer y generar ingresos”, señaló Lacouture.
En la misma línea, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y de Acolgen, dijo que en la práctica esto significa que el Estado enfrentará mayores costos, las empresas accederán a crédito en condiciones más exigentes y los hogares sentirán tasas más altas y menor disponibilidad.
“El resultado es una presión adicional sobre variables como el tipo de cambio y, en conjunto, una menor capacidad de invertir, consumir y crecer”, indicó.
Adicional a ello, comentó que con una calificación más baja Colombia pierde competitividad frente a otros destinos y se reduce el interés por proyectos de largo plazo. “Afecta transversalmente a sectores como energía, infraestructura, industria, agro y tecnología, y también a los consumidores, porque todos dependen de financiamiento y confianza”, sostuvo.
En concreto, en sectores intensivos en capital, como energía e infraestructura, dijo que el aumento en tasas y la carga impositiva elevarán la probabilidad de aplazamiento o cancelación de proyectos. “Esto implica menos obras, menos empleo, menor crecimiento y riesgos para la disponibilidad de servicios esenciales”, argumentó.
En este contexto, la Andi hizo un llamado urgente a las autoridades para que este gobierno eviten decisiones que profundicen el desequilibrio fiscal.
“Faltan pocos meses para que se acabe el gobierno, a las autoridades económicas, hay que pedirles que no profundicen el inmenso problema que ya tenemos en este tiempo restante; y todos debemos ser conscientes del estado de crisis en el cual se entregan las finanzas públicas, que ya pasó de ser simplemente una preocupación de economistas, para convertirse en un problema de largo plazo, que tendría que asumir toda la ciudadanía colombiana, seguramente con mayor efectos sobre los vulnerables”, comentó Bruce Mac Master, presidente del gremio.
Artículo basado en información de eltiempo.com
