Más que buscar culpables, el Gobierno debe operar en 2025 con un presupuesto realista, sin derroche y que blinde la inversión social.
La semana pasada, el Gobierno decretó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2025 por 523 billones de pesos. No obstante, este monto está desde ya desfinanciado y, a renglón seguido, se anunció la suspensión de 12 billones de pesos. Detrás de esta decisión está el doble rechazo –legítimo y responsable con la situación fiscal– de las mayorías del Congreso de la República del proyecto de ley del presupuesto en septiembre y de la segunda reforma tributaria en diciembre.
En otras palabras, el panorama sobre las finanzas públicas de la Nación en el final de este 2024 y para el año entrante continúa enrarecido. Mientras el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y otros centros de investigaciones económicas mantienen sus alertas sobre el desbarajuste de las cuentas, la actitud del Gobierno Nacional –liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro, y el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara– ha sido buscar culpables en el espejo retrovisor y atacar la autonomía del Poder Legislativo por no dar su aval a la ley de financiamiento.
La actual crisis fiscal es uno de los desafíos económicos más prioritarios que enfrenta la administración Petro para el 2025. Los meses pasan y las cuentas públicas no terminan de cuadrar en medio de un mediocre recaudo tributario, un bajo nivel de ejecución de los recursos y un plan de reactivación de la economía, prometido desde hace varios meses. De hecho, el más reciente pronunciamiento del Carf alertó otra vez sobre los riesgos del incumplimiento de la regla fiscal en 2024 y la necesidad, el año entrante, de cortar unos 52 billones de pesos.
Quedó claro que el ‘tijeretazo’ del gasto público en este año que finaliza fue insuficiente para estabilizar el ‘hueco’ financiero y que el PGN decretado se sostiene, igual que hace un año, sobre proyecciones demasiado optimistas en recaudo de impuestos y gestión de la Dian. La Casa de Nariño necesita sincerar las cuentas fiscales y ajustar sus ingresos y sus gastos a la realidad económica del país, sus empresas y sus hogares.
El liderazgo de plantear una senda realista y sostenible para unas finanzas públicas más estables, que incluya una estrategia de reactivación, recae sobre los hombros del Gobierno. Para lo anterior se requieren recortes que apunten a reducir el derroche y los gastos ineficientes, así como a blindar la inversión social. Suspender la ilusión de vivienda de más de 40.000 hogares de bajos ingresos de Mi Casa Ya con los efectos negativos sobre el sector constructor no clasifica dentro de esos criterios.
El Gobierno debe encarar la responsabilidad de cumplir con sus promesas de cambio social en simultánea con el esfuerzo de equilibrar las finanzas públicas. Señalar culpables del pasado y mantenerse en la crítica a complots infundados, además de ser poco práctico, no es la ruta más indicada para enfrentar y resolver la crisis fiscal. Al contrario, la prioridad debe ser revisar cómo proteger a los más vulnerables, frenar los gastos de nómina, ‘apretarse’ en serio el cinturón y adoptar medidas eficientes de austeridad y transparencia en el gasto público. Ese es el camino, difícil pero realista, que el país necesita.
Información extraída de: https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/austero-y-sensible-3411557
