Aunque uno de los objetivos del Gobierno para impulsar la reactivación de la economía apunta a aliviar la carga impositiva de las empresas en el país, para lo cual propuso en su proyecto de ley de financiamiento una reducción gradual de la tasa de renta que estas pagan, la iniciativa podría tener impactos no deseados en equidad y bienestar de los hogares menos calificados y de menores ingresos, si no se aplican instrumentos de política pública que garanticen un crecimiento equilibrado.
Así se desprende de un reciente análisis elaborado por un grupo de economistas del Banco de la República que asegura que “la reducción del impuesto sobre la renta de las empresas incentiva el crecimiento económico y el bienestar en el largo plazo, sin embargo, dichas ganancias en el bienestar se distribuyen de forma desigual entre los agentes de la economía, lo que genera distorsiones en términos de desigualdad”.
El análisis titulado ¿Sobre quién recaería la carga de reducir el impuesto sobre la renta de las empresas? fue elaborado por Hernán Rincón Castro y Juan Pablo Ángel Mojica, y publicado en ‘Borradores de Economía 1260’, uno de los medios de difusión de las investigaciones del banco emisor.
Los investigadores advierten la necesidad de adoptar medidas que mitiguen esos golpes negativos sobre ciertos segmentos de la población, tras realizar varias simulaciones que tuvieron en cuenta la disminución de las transferencias a los hogares, el aumento en el impuesto al trabajo y en el impuesto al consumo, para determinar el impacto que conlleva una reducción en la tasa de renta para las empresas y encontrar que habría efectos en los hogares menos calificados y de menores ingresos.
Para lograr esos objetivos es necesario complementar dicho ajuste tributario con medidas que logren reducir la informalidad, pero, además, será necesario aumentar la calificación del trabajo y ampliar el acceso de los hogares al mercado financiero. “Son políticas que no se relacionan directamente con los instrumentos a disposición de la autoridad fiscal, sino con cambios institucionales que requieren de consensos y decisiones más amplios de la sociedad”, advierten los economistas.
