Para navegar la ‘tormenta’ fiscal del 2025, el Gobierno debe ajustar sus gastos, recortar con sensibilidad social y asumir un plan de austeridad.
A pocos días de terminar este año, las preocupaciones sobre la situación fiscal de la Nación tanto para el 2024 como para el 2025 siguen sin disiparse; al contrario, se enrarecen todavía más. A finales de la semana pasada, el Gobierno decretó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año entrante por 523 billones de pesos que, ante el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, nace desfinanciado en al menos 12 billones.
De hecho, el más reciente pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) mantiene las alertas sobre los riesgos de incumplimiento de este mecanismo de planeación financiera estatal. Para el 2024, el Carf estima que el recaudo tributario estará 15 billones de pesos por debajo de la meta actualizada y que se requieren medidas adicionales de recorte por $40 billones, esto es, 2,4 puntos porcentuales del PIB.
Si bien el ‘tijeretazo’ presupuestal durante ese año supera los $28 billones, analistas coinciden en que es insuficiente ante la caída en el recaudo de impuestos y las proyecciones demasiado optimistas. A lo anterior se debe añadir un peligroso camino que ha tomado el Gobierno para abrir espacios para cumplir la Regla Fiscal, como el de la subejecución, ya que sacrifica la inversión y, por ende, la dinámica del crecimiento económico.
Este complejo escenario ha derivado en la insistencia de una narrativa presidencial de “golpe blando” desde los actores económicos -como la junta directiva del Banco de la República y las comisiones económicas del Congreso-. Altos funcionarios del Gobierno, liderados por el primer mandatario, llevan meses excusando la debacle fiscal en la deuda heredada de la administración anterior y en el contrapeso del Congreso, que negó el Presupuesto y la segunda reforma tributaria. Una revisión detallada de las cifras no le da la razón a la Casa de Nariño.
El desbarajuste del presupuesto de la Nación para 2024 nació de las proyecciones demasiado optimistas del propio Gobierno, de la desestimación de las alertas sobre el bajo recaudo y la sobrecarga de impuestos, y de la pésima gestión de la Dian, cuyo director anterior terminó ascendido. Más aún, los mismos errores del año pasado en la discusión presupuestal fueron repetidos por el equipo económico este año.
Además, la administración Petro ha gozado de abultados presupuestos para materializar las altas expectativas sociales con las que llegó al poder, solo comparables con el 2020, año extraordinario por la crisis de la pandemia. Restando los recursos destinados a esos pagos de la deuda y al cierre del déficit de combustibles, el Gobierno Nacional ha contado con una chequera abundante para invertir. Otro tema ha sido la incapacidad para ejecutar esos dineros, para sacar adelante proyectos prioritarios en vez de ‘engordar’ las nóminas públicas.
La decisión de suspender los sueños de vivienda propia de más de 40.000 hogares de bajos ingresos del programa ‘Mi Casa Ya’ ratifica que el presidente Petro prefiere sacrificar inversiones sociales y de impacto en la reactivación, que dejar de subir en gastos de funcionamiento. Los colombianos deben estar atentos a esos recortes para 2025, ya que demostrarán dónde están realmente las prioridades sociales del Gobierno.
Para navegar esta ‘tormenta’ fiscal en el 2025 -cuya ‘tijera’ podría estar en torno a los $50 billones- la administración Petro necesita sincerar esas cuentas fiscales con la realidad económica, recortar con sensibilidad hacia los programas sociales y desplegar de inmediato un drástico plan de austeridad en el gasto público.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/editorial-portafolio-dosis-de-realismo-620168
