Ante una inflación que se resiste, el Banco de la República debe redoblar esfuerzos para reducirla vía un ejercicio pleno de su independencia técnica.
Los resultados del Dane sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril pasado ratificaron las preocupaciones que los analistas han venido advirtiendo en los meses recientes: un estancamiento en la tendencia a la baja de la inflación anual.
De acuerdo con la organización nacional estadística, el IPC del cuarto mes del año registró una variación de 0,66%, el acumulado del año corrido fue de 3,3% y la inflación anual alcanzó un 5,16%.
Se cumplen ya seis meses en los que la inflación anual oscila entre 5,28 y 5,09 por ciento, resistiéndose a bajar del 5 por ciento.
“Estamos viendo una nivelación alrededor de estos valores”, explicó la directora del Dane Piedad Urdinola. En otras palabras, un freno en la velocidad en la reducción del índice de precios, que confirma la persistencia de presiones inflacionarias identificadas en grupos de gasto como el alojamiento, servicios públicos regulados, alimentos y restaurantes y hoteles.
Precisamente fueron esas divisiones de gasto, junto a factores como la devaluación, los que más contribuyeron al alza de abril, que superó las expectativas del mercado.
No obstante, las alarmas frente al deterioro en la lucha contra la inflación ya llevan disparadas meses atrás.
Advertencias como el nivel de aumento en el salario mínimo, sus efectos en la indexación, las consecuencias de la reciente guerra comercial desde Estados Unidos y las sombrías perspectivas fiscales y de riesgo del país, continúan conjugándose para estancar un IPC que debería estar cayendo.
El primero que debería escuchar estas alertas disparadas es el Gobierno Nacional. Es entendible que, por varios meses y ante la anticipación de la campaña electoral, la Casa de Nariño esté “cobrando” ante la opinión pública la caída en el costo de vida y los beneficios para los hogares más pobres.
Sin embargo, la inflación ha demostrado ser un enemigo que sigue vivo -incluso decisiones del Ejecutivo le han insuflado aire- y el equipo económico de la administración Petro debe actuar en consecuencia.
Esto quiere decir que el presidente de la República, Gustavo Petro, debería abstenerse de seguir difuminando cortinas de humo como la de responsabilizar al Emisor por el grave desbarajuste de las finanzas públicas y el crecimiento de la deuda del Estado.
Al contrario, ahora que retorna el problema de una inflación persistente, es el momento oportuno para que el Gobierno Nacional asuma la disciplina fiscal que no ha desplegado para implementar el necesario y abultado recorte en el gasto público y en el derroche, que superaría los $50 billones. Este panorama no solo cambia las perspectivas sobre la inflación para este 2025, sino que también limita el margen de maniobra del banco central para reducir con más agresividad las tasas de interés en el año.
El camino de la prudencia -que tantas críticas le ha valido al Emisor- ganaría entonces mayor espacio en los próximos meses para poder al fin lograr que el IPC anual baje del cinco por ciento.
El momento que atraviesa la inflación constituye un reto complejo para la junta directiva del Banco de la República, que debe redoblar esfuerzos para que la tendencia a la baja regrese con más velocidad.
Para lograrlo será fundamental el pleno ejercicio de la independencia técnica de los codirectores del Emisor, quienes, sin importar las presiones y las críticas del Gobierno Nacional, deben actuar con total autonomía para cumplir con su misión constitucional.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/duro-de-roer-editorial-portafolio-629829
