Lo último que necesita una economía urgida de reactivación es una narrativa de “golpe de Estado” y de movilización en contra las instituciones.
Esta semana la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, por siete votos contra dos, formular cargos al presidente de la República, Gustavo Petro y cuatro directivos de su campaña presidencial -incluido el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa- por la presunta violación de los topes electorales en más de $5.355 millones en ambas vueltas presidenciales en 2022.
La decisión ha generado una respuesta desafortunada del primer mandatario: “Hoy se dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional”. El jefe del Estado no solo reclamó que su fuero integral “ha sido roto” sino también hizo un “llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia”. No obstante, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado se han manifestado a favor de las competencias del CNE para investigar violaciones a topes de financiación en las campañas presidenciales.
Asimismo, tampoco existen dudas sobre el carácter del Congreso de la República, y de la Comisión de Acusaciones, como investigador del presidente de la República. Es decir, el CNE podrá determinar sanciones administrativas, pero nada en contra del mandatario y su ejercicio como jefe del Estado. Es importante reiterar que el tribunal electoral cuenta con unas pruebas recabadas para sostener al menos siete inconsistencias graves en las cuentas de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Irregularidades que incluyen la omisión de aportes y préstamos, el pago a testigos electorales, costos de transporte aéreo y gastos de propaganda electoral.
También cabe recordar que tanto el presidente Petro como los demás investigados cuentan con todas las garantías en términos de debido proceso, defensa y posibilidad de controvertir los cargos, que constituyen el camino institucional. Que la Casa de Nariño haya optado por enmarcar esta investigación del Consejo Electoral es términos políticos y no jurídicos es tanto inevitable como peligroso. Inevitable porque desvía la atención a las pruebas y a las potenciales irregularidades que confirmarían que su campaña presidencial violó las normas electorales.
Pero, su peligro radica en que no solo atiza la división ideológica que hoy aqueja la sociedad colombiana, sino que también busca minar la confianza en las instituciones y enrarecer esa ruta clara que establecen la Constitución y las normas legales.
A lo anterior hay que añadir que la narrativa presidencial infundada de un “golpe de Estado” en su contra constituye la mejor excusa para cubrir la lenta ejecución de sus programas y promesas, así como la escasa materialización del “cambio”. Asimismo, estos mensajes le brindan a la Casa de Nariño otra bandera más para intentar sacar a los colombianos a las calles -iniciativa fallida con respecto a las reformas sociales- y recuperar el entusiasmo masivo con miras a las próximas elecciones presidenciales de 2026.
El proceso del Consejo Nacional Electoral debe continuar en los marcos y tiempos de la ley, con las máximas garantías al presidente Petro y los cuatro directivos, ya que es una prueba ácida para la fortaleza institucional de Colombia. El Gobierno Nacional debería abstenerse de seguir avivando esta idea irresponsable de que lo buscan ‘tumbar’, respetar las instituciones y sus contrapesos y concentrarse en ejecutar sus políticas, en especial en materia económica y social.
Lo último que requiere una economía urgida de reactivarse como la colombiana es esta peligrosa narrativa que crea zozobra, eleva la incertidumbre, hacer perder el foco del Ejecutivo y enrarece el necesario ambiente de cooperación público-privada.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/el-camino-institucional-editorial-615247
