Emergencia como política

La ola invernal que golpea a Córdoba y a varios departamentos del Caribe y el Pacífico exige una respuesta rápida, coordinada y con la gente en el centro. Pero una emergencia, por grave que sea, no debería convertirse en atajo para revivir debates ideológicos ni para improvisar medidas que terminan castigando la inversión o debilitando el ahorro de los ciudadanos.

El cambio climático es un riesgo conocido, anunciado y repetido por el propio Gobierno como eje de su política pública. Si el país sabía que vendrían inviernos más extremos, ¿por qué no se fortalecieron a tiempo los mecanismos ordinarios de prevención, contratación y ejecución? Y, sobre todo, ¿por qué después del bochorno de la UNGRD, con sus escándalos y procesos por corrupción seguimos actuando como si la confianza fuera infinita?

En emergencias, la transparencia no es un adorno: es la condición para que la ayuda llegue. El Gobierno declaró la emergencia y expidió cinco decretos. Algunos tienen herramientas necesarias: compras y saneamiento de predios para reubicar actividad rural, alivios de crédito, continuidad del PAE y medidas de recuperación ambiental.

Sin embargo, el Decreto 0173 revive un impuesto al patrimonio empresarial con tarifas diferenciadas por sectores, mecanismo nocivo para la inversión y el empleo. En un país que necesita reconstruir y atraer capital, la señal es equivocada: se recauda hoy a costa de crecer menos mañana.

Y a esa señal se suma otra, más delicada. Un borrador de decreto del Mintrabajo obligaría a trasladar y liquidar cerca de $25 billones de ahorro pensional de trabajadores que se movieron a Colpensiones en la transición de la Ley 2381 de 2024. Más allá del tecnicismo, el efecto práctico inquieta: convertir el ahorro de la gente en caja del Estado para gasto corriente, con un choque jurídico anunciado y con impactos financieros previsibles con la venta forzada de activos y presión al alza sobre tasas.

No se construye política social debilitando el ahorro que sostiene la estabilidad futura. Mientras tanto, en Córdoba la realidad es otra: alcaldías, empresarios, productores, comunidades y Gobernación han tenido que organizarse para responder, porque sienten que están solos.

Han mostrado resiliencia y capacidad de trabajo en equipo, pero también cansancio ante la sensación de ser el argumento perfecto para una narrativa nacional, sin que la ayuda llegue con la velocidad y la escala que la tragedia exige.

Países con agendas sociales ambiciosas, como Chile o Uruguay, lo han hecho con progresismo pragmático: reglas estables, responsabilidad fiscal, diálogo con el sector privado y obsesión por la ejecución, sin imponer recetas que ya fracasaron en otros países.

Ese es el puente que Colombia necesita reconstruir: puentes de acero y hormigón, sí, pero también los puentes de confianza. La emergencia debería servir para hacer lo urgente bien: obras de contención, vivienda, agua potable, vías terciarias, reubicación productiva y recursos que se ejecuten con transparencia y rapidez.

La solidez fiscal que el país necesita no se construye con improvisación ni cambiando reglas en medio de la crisis, sino con lo que sí genera recaudo sostenible: crecimiento, inversión, empleo formal y empresas produciendo.

Cuando el Estado toma atajos, el costo no se mide solo en el déficit, sino en el tiempo que tarda una familia en volver a su casa, en el agricultor que pierde otra cosecha y en el municipio que sigue aislado. Córdoba no necesita discursos ni que la usen como justificación de medidas que poco le llegarán; sino presencia real y soluciones concretas.

JAIME PUMAREJO HEINS
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/emergencia-como-politica-489039