A partir del próximo primero de abril entrará en vigencia un nuevo régimen pensional para Colombia, después de más 30 años de la Ley 100. Esta es la principal consecuencia del reciente fallo de la Corte Constitucional que dejó en pie la gran mayoría de los artículos de la reforma pensional promovida por la administración Petro. El máximo tribunal devolvió a la Cámara de Representantes nueve artículos, que deben ser debatidos en 30 días.
El primer deber corresponde al Congreso. El plazo concedido para subsanar el trámite no puede convertirse en una aprobación mecánica. Debe haber deliberación parlamentaria real, ya que están incluidos temas de importancia como beneficios de semanas a las mujeres, las reglas de las inversiones y el manejo del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del Banco de la República.
En segundo término, y muy importante, el sostenimiento por parte de la Corte de la columna vertebral de este nuevo sistema pensional abre la puerta a unas nuevas preocupaciones de corte fiscal. En medio de la discusión del proyecto de ley de la reforma, expertos dispararon las alertas, tanto acerca del costo de la iniciativa sobre las arcas públicas como sobre las demoras sobre el aval financiero al proyecto por el Ministerio de Hacienda. Algunas estimaciones calculan en más de 70 billones de pesos ese costo de aplicar esta nueva ley que llega en medio de una de las peores crisis fiscales del Estado colombiano.
Cumplir la reforma y evaluar caminos para corregirla, incluyendo cambios en edad, cotización y demás, no son tareas contradictorias.
Un tercer aspecto atañe a la implementación, cuyos avances quedaron en el limbo por un tiempo demasiado largo. Al Gobierno Nacional le restan siete meses para una transición compleja que demandará una delicada coordinación e integración de entidades públicas y actores privados. Se vienen desafíos en materia de manejo y cuidado de la información, identificación correcta de los afiliados y la operación, en especial para Colpensiones, que debe prepararse para atender a unos 25 millones de usuarios.
Tampoco se puede olvidar el desafío regulatorio de construir los marcos de reglas y normativas para cimentar la arquitectura de ese nuevo régimen de pensiones. El Gobierno debe publicar una hoja de ruta única, con responsables, fechas, pruebas de interoperabilidad, indicadores de servicio y planes de contingencia, en tanto que los afiliados deben recibir información comprensible y pedagógica.
En cuarto lugar, el fallo de la Corte Constitucional no resuelve ni aborda los serios reparos en términos de cobertura, equidad, libertad de elección y sostenibilidad futura que salieron a flote en medio del debate parlamentario. La reforma pensional no cuenta con las herramientas para enfrentar la tendencia de envejecimiento de la sociedad colombiana, así como el impacto de la alta informalidad y el problema de la baja cobertura.
Dos relojes están marchando ahora: el de una implementación sin traumatismos y el de una sostenibilidad que no admite más aplazamientos. Cumplir la reforma y evaluar caminos para corregirla, incluyendo cambios paramétricos en edad, cotizaciones y demás, no son tareas contradictorias. La discusión pensional no quedó cerrada.
Artículo basado en información de eltiempo.com
