Si bien hasta ahora el paro camionero ha encontrado un Gobierno poco preparado para la protesta, el alza debe sostenerse y los bloqueos, levantarse.
Al momento de escribir estas líneas, el paro de los transportadores de carga continuaba en medio de posturas alejadas tanto del Gobierno Nacional como de los voceros de los manifestantes. Desde que el pasado sábado entró en vigencia el alza en el precio del ACPM, los camioneros han salido a las carreteras y principales vías en las ciudades del país para rechazar la medida.
Las afectaciones de estas protestas -que incluyen traumáticos bloqueos- han venido in crescendo en estos últimos días, multiplicando sus impactos negativos en la vida de los ciudadanos y el desarrollo de la economía. Bogotá es de las más golpeadas por el paro de los camioneros: clases en los colegios suspendidas, más de 1,4 millones de usuarios del sistema TransMilenio afectados solo ayer, y más de 25 bloqueos activos en puntos neurálgicos de la ciudad.
La situación de abastecimiento de alimentos y productos básicos empeora cada día en la central de abastos capitalina, y en otras ciudades. Están disparadas las alertas de suministro de huevo, pollo y arroz, y, al igual que en anteriores protestas sociales, preocupan a las empresas avícolas, lácteas y de otros productos perecederos. Los sectores productivos impactados son múltiples: los comerciantes ven caer sus ventas, los distribuidores de combustibles también, el transporte intermunicipal se paraliza y el turismo se congela.
A Bogotá y sus municipios aledaños se suman afectaciones en otras regiones como Nariño, la vía al Llano, Santander, Costa Caribe, Valle del Cauca, Antioquia, Santanderes. La Policía reportó ayer un balance de 107 bloqueos permanentes y 72 intermitentes, en 153 municipios de 21 departamentos. En resumen, esta es la primera gran manifestación generalizada de protesta social que enfrenta la administración Petro.
Y no deja de sorprender que en “casa de herrero, azadón de palo”. Es decir, cómo un gobierno que llegó al poder impulsado por los movimientos sociales y sus protestas haya desplegado, hasta hoy, una respuesta técnica y política que deja mucho que desear. En materia técnica, las alzas al diésel son un imperativo fiscal y no dan espera; pero, el Gobierno se tomó demasiado tiempo en tomar la decisión y dilapidó espacios de generar confianza con el sector afectado.
En segundo lugar, Gobierno y el presidente de la República, Gustavo Petro, han buscado estigmatizar el paro camionero al tildarlo de “uribista” y deslegitimar las protestas como producto de grandes empresarios del sector, y no medianos y pequeños transportadores. El primer mandatario no parece reconocer que cerrar esta brecha en el precio del combustible golpea con más severidad las finanzas y la estructura de costos de los más pequeños. El gobierno Petro, experto en protestas y movilizaciones populares, ha sido tomado por sorpresa por estas manifestaciones de los camioneros.
Dicho lo anterior, es necesario reiterar que los bloqueos, que el paro de transportadores aplica en ciudades y las principales vías del país, son ilegales, inaceptables, inflacionarios y destructores de las actividades productivas. Al igual que se expresó en este espacio editorial cuando las protestas eran contra gobiernos anteriores, los bloqueos ahogan el necesario flujo de personas, mercancías y bienes en una economía, en tránsito a reactivarse, y deben levantarse de inmediato. En vez de estigmatizar y señalar, el Gobierno está en mora de respetar la protesta, sostener el alza y concertar cómo sus efectos sobre los camioneros medianos y pequeños podrían mitigarse.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/en-casa-de-herrero-editorial-portafolio-612685
