La concertación con los privados para las medidas de reactivación constituye un camino más productivo y efectivo que el de las inversiones forzosas.
En semanas recientes el Gobierno Nacional viene ambientando los distintos componentes de su estrategia para la reactivación, incluida su ‘pata legislativa’ que contempla una nueva reforma tributaria y un proyecto para inversiones forzosas para el sector financiero. La iniciativa, impulsada directa y entusiastamente por el presidente de la República, Gustavo Petro, pretende imponer a la banca privada en Colombia la obligación de destinar recursos para créditos orientados a sectores como agricultura, construcción de vivienda y turismo.
La administración Petro aspira a reproducir la experiencia de los títulos de desarrollo agropecuario (TDA) como mecanismo de financiación para el agro, con una cobertura mucho más ambiciosa. Los programas de ‘inversiones forzosas’ se desarrollaron en varios países latinoamericanos, pero en las décadas anteriores a los años 90, y ahora pocos las mantienen.
En otras palabras, la propuesta presidencial intenta tomar los ahorros de los colombianos en los establecimientos financieros y destinarlos a créditos en sectores y beneficiarios, que no necesariamente cumplen con requisitos y perfiles de riesgo para recibirlos.
De acuerdo a la mayoría de analistas, las inversiones forzosas desatan unos efectos indeseables en el sector financiero y en la economía en general. Al verse obligados a direccionar recursos a los sectores escogidos por el Gobierno, la capacidad de los establecimientos de otorgar créditos se vería restringida. Además, es probable que las tasas de interés para los sectores y clientes tradicionales se vean artificialmente elevadas en un ejercicio de compensación de los montos orientados ‘a dedo’.
Lo anterior desembocaría en generar menores utilidades y golpear los indicadores de rentabilidad, sostenibilidad y liquidez para el sistema financiero en su totalidad. Teniendo en cuenta que el sector bancario responde por alrededor del 5 por ciento del PIB nacional y contribuye con un 10 por ciento del recaudo de impuestos, no es conveniente- y mucho menos en plena desaceleración económica- desatar choques autoinfligidos para esta crucial actividad.
Si bien los detalles y los modelos de inversiones forzosas que el gobierno Petro favorecería en el proyecto de ley aún no se conocen, su conceptualización ha despertado tanto críticas como preocupación. Lo anterior no implica que el plan de reactivación no pueda incorporar medidas de corte financiero que direccionen crédito productivo o inyecten capital a actividades y sectores con potencial de crecimiento. De hecho, Asobancaria, el gremio de las instituciones financieras, ha propuesto al Gobierno sustituir estas inversiones impuestas por una bolsa de hasta 35 billones con herramientas financieras para estimular vivienda, turismo, agro y la llamada ‘economía popular’.
Haría bien la Casa de Nariño en revisar con más cuidado y atención las ideas que tanto Asobancaria como el Consejo Gremial y otros representantes de los sectores productivos han puesto sobre la mesa en los múltiples y recientes espacios de diálogo. No sobra reiterar el llamado a la urgencia de esta estrategia de recuperación de la economía y a la concertación entre públicos y privados para su expedita definición.
En estas seis semanas, que ya corren, para finiquitar el plan de reactivación, hay espacio todavía para un acuerdo en torno a la cooperación entre el Estado y los empresarios sobre el camino a seguir. Ruta que será más eficiente, productiva y democrática que imponer inversiones forzosas.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/espacios-para-un-acuerdo-editorial-611145
