El traslado inmediato de ahorros en fondos privados a Colpensiones generará perjuicios que ameritan el actuar de los entes de control.
No cesa el debate sobre la conveniencia de la decisión del Gobierno Nacional de transferir desde los fondos privados de pensiones a Colpensiones los saldos acumulados de los afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado. El borrador de decreto del Ministerio del Trabajo determina que esta operación debería realizarse en un plazo de quince días y su magnitud total está alrededor de los 25 billones de pesos.
Las discusiones de estas últimas semanas entre expertos, gremios, AFP y entes de control han fortalecido los argumentos jurídicos, técnicos y económicos en contra de esta disposición. En primer lugar, la legalidad del decreto está en cuestión, ya que su contenido va en contravía de lo dispuesto en la reforma pensional, específicamente las normas sobre traslados que gozan de vigencia, mientras la Corte Constitucional resuelve las demandas sobre la ley.
De hecho, según la legislación impulsada por el propio Gobierno, esas cuentas de los más de 100.000 afiliados que lograron trasladarse deben ser administradas por los fondos privados hasta el momento en que se consolide la pensión. Además, constituyen una fuente de financiación para el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), que será administrado por el Banco de la República y busca robustecer las pensiones públicas en el largo plazo.
Así, la administración Petro pretende modificar disposiciones de ley por medio de un decreto, sin ajustarse al ordenamiento jurídico, y debilitar la arquitectura institucional de la nueva reforma pensional. De acuerdo con Anif, de seguir adelante con esta medida, el FAPC comenzaría con un menor nivel de ahorro del inicialmente previsto: para 2030 se calcula en unos 15,2 billones de pesos. El Gobierno Nacional golpearía el músculo financiero de este crucial fondo y su sostenibilidad futura.
Por otro lado, el traslado de estos recursos implicaría la liquidación inmediata, por parte de los fondos privados, de billonarias inversiones con potenciales deterioros al patrimonio de esos afiliados. Dado que están diseñadas para el mediano y el largo plazo, estos activos terminarían liquidados a precios inferiores a los del mercado, y su volumen podría incluso generar consecuencias fiscales negativas. En resumen, los detrimentos tanto patrimoniales como institucionales que traería el decreto invitan a que el Gobierno actúe con mayor prudencia.
Esta situación amerita profundizar la atención al tema que ya vienen prestando la Contraloría y la Procuraduría. No sobra reiterar el llamado al ejercicio del control preventivo de la Contraloría y a que, junto con el Ministerio Público, desplieguen con urgencia los instrumentos jurídicos necesarios para evitar que este grave daño a los ahorros de miles de colombianos se materialice.
Lo más preocupante de todo es que detrás de esta movida están ese afán de gasto público desbordado del gobierno Petro y su reticencia a apretarse el cinturón y combatir el derroche, más en un período electoral. Ese ‘blindaje’ del ahorro pensional que se prometió durante el debate de la reforma se ha incumplido abiertamente y tendrá consecuencias negativas sobre las pensiones y las finanzas públicas.
La Casa Editorial EL TIEMPO forma parte de un grupo de empresas que incluye un fondo de pensiones.
Información extraída de: hhttps://www.eltiempo.com/opinion/editorial/evitar-el-detrimento-3539500
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