Por primera vez en casi 60 años, Fedesarrollo, uno de los centros de pensamiento más importantes de Colombia y América Latina, estará bajo el liderazgo y la dirección de una economista.
Se trata de Marcela Meléndez, quien llega a Fedesarrollo tras una destacada trayectoria en entidades como el Banco Mundial y Naciones Unidas, en un momento en el que el debate económico ocupa el centro de la agenda nacional. En Inside LR, habló de los problemas estructurales que aquejan a Colombia, así como de las principales necesidades que debe atender el próximo Gobierno.
¿Cuáles son los retos de su administración, en qué se enfocará y qué primeras impresiones tiene al asumir este liderazgo?
Los retos que veo son, en esencia, son mantener a la entidad como un interlocutor relevante en el debate de política pública con el Gobierno, cualquiera que este sea. El propósito de Fedesarrollo es aportar rigurosamente a esa discusión para contribuir a una sociedad mejor, más próspera y más equitativa. En esa medida, uno de los grandes desafíos es preservar esa capacidad de interlocución y construir una visión de país que realmente ayude a orientar el debate público.
Como primera mujer directora de la entidad, me siento muy contenta después de una larga lista de economistas brillantes que me precedieron. Es muy valioso ver cómo se rompen techos de cristal, y creo que para las generaciones que vienen es importante acostumbrarse a ver mujeres en posiciones de liderazgo y demostrar que somos igualmente capaces.
Estamos en un momento complejo para el país. Fedesarrollo va a jugar un papel muy importante en los años que vienen y me entusiasma poder liderar una agenda que contribuya al desarrollo de Colombia.
¿Qué perspectiva tiene de que el déficit primario acumulado haya estado un punto porcentual alejado de la meta que se tenía en el Marco Fiscal de Mediano Plazo?
Yo veo el tema fiscal como uno de los retos urgentes que tiene por resolver este Gobierno y cualquiera que sea el que siga, porque es como tener las cuentas en orden, que es lo que te permite luego hacer cosas. Es igual que cuando una casa empieza a gastar mucho más de los ingresos que genera y comienza a endeudarse. La salud financiera de un país es determinante para el costo que paga por ese endeudamiento y, sin duda, para su capacidad de gestionar e implementar políticas de manera efectiva.
Es un tema urgente y un reto grande porque el espacio para generar ingresos y recortar gasto es limitado. En nuestro país, creo que hay espacios tanto de recorte potencial de gasto como de generación de ingresos que se pueden explorar.
Yo siempre pienso en Colombia diferenciando entre los retos de coyuntura y los estructurales, porque en el afán de la inmediatez a veces se nos olvida que hay problemas que vienen de muchos años, incluso de gobiernos anteriores, y que todavía están pendientes de solución. Creo que hay que tratar de llevar la conversación por las dos carrileras.
¿Dónde cree usted que se puede recortar?
Yo creo que hay espacio para recortar burocracia. Un buen gobierno no necesariamente necesita instituciones grandísimas y, sobre todo, no requiere una institucionalidad, yo la llamaría grandilocuente, a nivel ministerial cuando no está acompañada del presupuesto y la capacidad para hacer cosas.
En esto pienso en institutos o entidades que se elevaron a nivel ministerial. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología es, en la práctica, un Colciencias reempaquetado como ministerio, con una estructura burocrática más pesada que no necesariamente tiene más capacidad ni es mejor que lo que hacía Colciencias.
Al pensar dónde hay espacios de recorte, también hay que decirlo: el Ministerio de la Igualdad es una entidad que realmente no tiene cómo solucionar el problema de la desigualdad en Colombia porque no cuenta con las herramientas clave. Para resolver la desigualdad hay que trabajar en muchos frentes, desde cómo se organiza la redistribución y el gasto público desde el Ministerio de Hacienda hasta el diseño de los programas sociales.
Cuando hay un ministerio que no maneja esas palancas, no tiene mucho sentido tener un aparato estatal tan grande.
¿Qué puede hacer la próxima administración para que el manejo de deuda no sea un verdadero dolor de muela?
Creo que lo primero es tener un plan creíble de cómo se ajustan las finanzas públicas porque eso es lo que afecta la calificación de riesgo que nos dan los mercados internacionales y, en general, lo que determina qué tan caro nos endeudamos. Ese es un paso fundamental.
Lo segundo es entender con claridad cuál es el flujo de caja que realmente podemos generar y ser realistas con las metas que nos proponemos. A veces no se trata de falta de rigor; muchas veces lo que ocurre es que pensamos con el deseo de llegar a ciertos resultados, más que con lo que efectivamente es posible.
Pero, sobre todo, lo que debe estar en la conversación es cómo logramos gobiernos que piensen con criterio de Estado y no bajo la lógica de “este problema lo empujo hacia adelante y que le toque al siguiente”. La pregunta es cómo dejamos la casa ordenada en general.
¿Qué percepción tiene sobre el bajo crecimiento económico?
Cuando hablamos de crecimiento económico, ese es claramente un tema estructural. Este es un país que tiene una mala dinámica de productividad: crecer a 2,6%, 2,7% o incluso 3% no alcanza para lo que necesitamos en términos de crecimiento anual del PIB. Deberíamos estar apuntando a tasas mucho más altas y creando las condiciones para lograr, de verdad, una senda sostenida de crecimiento.
Eso implica pensar en cómo fortalecemos un sector productivo que sea, justamente, más productivo: con mayor innovación y con empresas más preparadas para competir en los mercados internacionales. Y aquí aparecen varios retos estructurales. El primero es el sistema educativo: cómo formamos personas capaces de innovar, de insertarse bien en el mercado laboral y de aportar más a la economía. Una población mejor educada es una población más productiva, con mejores ingresos y con mayor capacidad de impulsar el crecimiento del país.
Este sigue siendo un pendiente enorme: construir un sistema educativo de calidad que funcione para todos los colombianos, sin importar su origen, si viven en zonas rurales o urbanas, o el nivel educativo de sus padres. En el fondo, se trata de avanzar hacia un país que garantice igualdad real de oportunidades.
También hay desafíos en la forma en que funciona el mercado laboral y el tejido empresarial. Más que “organizar”, se trata de crear condiciones para que la actividad productiva, de empresas grandes, medianas y pequeñas, pueda desarrollarse mejor. Hoy gran parte de la población está fragmentada en micronegocios o emprendimientos unipersonales; el reto es avanzar hacia un ecosistema con empresas, incluso pequeñas, pero más productivas, y con medianas y grandes compañías más dinámicas.
Son retos de largo plazo. Algunos pasan por ajustes regulatorios que faciliten la actividad privada, pero otros, como construir un sistema educativo de alta calidad, requieren esfuerzos sostenidos en el tiempo.
¿Qué opinión le merece la carga tributaria que hoy enfrentan los empresarios? Y, en segundo lugar, usted ha mencionado la necesidad de ampliar la base gravable del IVA: ¿cómo debería hacerse?
Creo que aquí hay dos discusiones distintas: la del IVA y la de la forma en que tributa el sector productivo. Sobre esta última veo dos dimensiones. La primera es la carga tributaria efectiva: cuánto paga realmente una empresa como proporción de sus ingresos o de sus utilidades cuando se suman todos los impuestos. Ese es un tema que claramente merece revisión.
Pero hay otra dimensión de la que se habla menos y es igual de importante: la complejidad del sistema tributario. Para una empresa pequeña, que no tiene un contador experto de tiempo completo, navegar el sistema puede ser muy difícil y costoso, incluso por el apoyo especializado que debe contratar para cumplir. Este es un tema grande. ¿Por qué importa? Porque queremos que el sector productivo, que es el que genera inversión y empleo, pueda despegar y no se convierta siempre en la última fuente de recursos fiscales.
En esto creo que es clave distinguir entre empresas y personas. Son las personas y los hogares los que deberían tributar de acuerdo con su riqueza, mientras que al sector productivo conviene darle el mayor aire posible, entendiendo, por supuesto, que también debe hacer una contribución dada la situación fiscal del país. Ordenar esa casa es prioritario para que Colombia pueda crecer bien.
El IVA es una conversación distinta. En la práctica, una parte la asume el sector productivo y otra el consumidor. Cuando el impuesto se puede trasladar completamente vía precios, lo termina pagando el consumidor; otras veces se reparte entre menores márgenes empresariales y mayores precios. Esto ocurre con muchos impuestos: cuando se pueden trasladar, se trasladan; cuando no, se absorben parcialmente, y eso puede afectar la actividad.
Cuando pienso en el IVA, lo veo sobre todo desde el ángulo del recaudo. Al mirar el sistema tributario colombiano, no hay mucho espacio para aumentar ingresos solo subiendo tasas. Incluso si lográramos que las personas de mayores ingresos aporten más, algo deseable y simbólicamente importante, el número de contribuyentes de muy altos ingresos es limitado y además existe el riesgo de movilidad del capital.
Por eso, en términos de recaudo estructural, la discusión de fondo pasa por reformas difíciles, especialmente por ampliar la base del IVA. Si se lograra una base más amplia, incluso podrían reducirse las tarifas, que hoy son altas en parte porque existen muchas exenciones.
¿Cuál es el verdadero impacto de los incrementos del salario mínimo sin criterios técnicos?
Creo que el impacto más inmediato y complejo se da sobre los subsidios a las pensiones. Hoy tenemos un sistema pensional con subsidios importantes para las pensiones de salario mínimo, porque la legislación establece que la pensión mínima debe ser igual al salario mínimo. Sin embargo, los parámetros del sistema, como tasa y tiempo de cotización, no están diseñados para que el ahorro normal de los afiliados financie plenamente ese nivel de pensión.
¿Qué ocurre entonces? Que cuando el salario mínimo sube con fuerza, también se incrementan automáticamente los subsidios que debe cubrir el Estado, en un esquema que ya está desfinanciado. Ahí hay un frente fiscal muy relevante.
A mí me preocupa especialmente el uso del salario mínimo como unidad de medida. En Colombia hay demasiadas cosas indexadas a él. Por ejemplo, en vivienda de interés social, cuando el precio está definido en salarios mínimos, cada aumento encarece automáticamente el acceso, incluso para quienes ganan ese mismo salario. Hay allí un espacio grande para repensar el sistema.
También hay efectos en el sistema pensional de ahorro individual. Personas que estaban cerca de alcanzar el capital necesario para pensionarse con un salario mínimo pueden quedar nuevamente por debajo del umbral tras un incremento fuerte, lo que reduce su probabilidad de pensionarse. Es decir, el salario mínimo en Colombia no es solo una herramienta del mercado laboral: está conectado con múltiples mecanismos que se activan simultáneamente.
Si yo hubiera estado tomando la decisión, habría avanzado primero en desindexar muchos de estos componentes antes de definir aumentos de esa magnitud.
Por otro lado, como ocurre con los impuestos, parte del mayor costo laboral termina trasladándose a precios cuando las empresas pueden hacerlo. El Banco de la República ya ha advertido sobre presiones inflacionarias, y es razonable esperar algún impacto.
Finalmente, hay un punto estructural: en Colombia cerca de la mitad de los trabajadores no gana el salario mínimo y un porcentaje importante gana incluso menos de la mitad. Hemos terminado con dos mercados laborales: uno formal que sí se rige por la norma y otro amplio que opera por fuera. Aumentos elevados del salario mínimo pueden alejar aún más a muchos trabajadores de la formalidad.
Además, solemos pensar en el sector productivo como si estuviera compuesto principalmente por grandes empresas capaces de absorber estos costos. Pero la realidad es distinta: las grandes son pocas. La mayoría del empleo está en firmas muy pequeñas, muchas de menos de 10 trabajadores, y en unidades unipersonales. Para ese tejido empresarial, los aumentos fuertes del salario mínimo son mucho más difíciles de absorber.
Por eso, aunque la intención de proteger a los trabajadores es legítima, la discusión debe ser más amplia: cómo diseñamos un mercado laboral que funcione bien para 100% de los trabajadores y no solo para el segmento formal. El riesgo es quedarnos en una medida simbólica que suena bien, pero que no necesariamente mejora de forma efectiva la calidad de vida de la mayoría.
El perfil
Meléndez es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Administración Pública y Privada de la Yale School of Management, además de un doctorado en Economía de la Universidad de Yale.
Desde noviembre de 2023 se desempeñó como economista jefe adjunta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y como asesora senior de la Oficina del Economista Jefe para la región en esa misma entidad. Ha ocupado destacados cargos a nivel nacional e internacional, entre ellos el de economista jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Información extraída de: https://fedesarrollo.org.co/noticias/existe-un-espacio-para-recortar-en-burocracia-en-cuanto-al-ambito-fiscal
