El Gobierno ya está trabajando en un decreto de yerros para solucionar los líos en el Presupuesto del 2024.
En diversos pronunciamientos, luego de la polémica que se ha generado en el país por cuenta de los líos en el Presupuesto del 2024 que reveló Portafolio, los gremios siguen mostrando su preocupación y prendieron nuevas alertas por los efectos negativos que puede traer para la economía el no respetar rubros como el de las vigencias futuras.
Los $13 billones en el aire y los 108 proyectos y obras de infraestructura, como el Metro de Bogotá o las 20 vías 4G, que no tienen una asignación definida para este año, pese a que hay compromisos financieros con las concesiones, son algunos de los puntos que más incertidumbre generan entre empresarios, constructores y analistas.
La posibilidad de que el país entre en un escenario de incumplimiento de pagos que golpeen la credibilidad y la confianza inversionista llevó a que el Consejo Gremial emitiera un pronunciamiento en el que recordaron que aspectos como las vigencias futuras son tan importantes, que el sólo hecho de hablar de ellos resiente la economía.
“Generar la idea de que eventualmente estos compromisos no serán honrados, o pudieran ser sujetos de intentos de renegociación, causa inmensa incertidumbre a los desarrolladores y financiadores que en el pasado han tenido confianza en la seriedad del Estado para cumplir sus obligaciones”, resaltaron.
Este grupo de los gremios más importantes del país agregó que un golpe a la economía y la productividad desde este punto, “no sólo afectaría a los proyectos y sus operadores y constructores, sino que puede causar un gran daño a la confianza que el Estado colombiano le genere a los mercados nacionales e internacionales con inmensos riesgos en términos de calificación crediticia y evaluación por parte de potenciales aliados”.
Al igual que los mandatarios regionales, exministros y expertos en derecho presupuestal que han hablado con Portafolio, desde el Consejo Gremial pidieron al Ministerio de Hacienda que solucione estos líos cuanto antes y evite, por ejemplo, que el caso pueda llegar a los estrados judiciales o caiga en manos de los entes de control, ya que podría generar afectaciones más grandes a la economía.
Otra de las voces recientes que se alzó para hablar de este tema fue la de María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham, quien se centró en el momento que atraviesa la economía del país por cuenta de la desaceleración, resaltando que la prioridad es atraer nuevos capitales y reactivar los motores de la producción que se encuentran apagados, como el de la construcción.
“Entendiendo la compleja situación de las finanzas públicas para 2024, que ha quedado evidenciada en el déficit del presupuesto para este año y que requerirá un ajuste en los gastos, consideramos que dicho ajuste no debe castigar los proyectos que, precisamente, generan dinamismo en la economía, como la infraestructura, grandes vías y construcción de vivienda”, agregaron.
Lacouture manifestó que garantizar el flujo de recursos evitará una parálisis económica y destrucción de empleo, sin perjuicio de llevar a cabo los controles y seguimientos correspondientes para que los proyectos avancen acorde con los cronogramas establecidos.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
“La Cámara Colombo Americana hace un llamado al Gobierno para que dentro del ejercicio de priorización que ha mencionado el Ministerio de Hacienda, se dé la importancia que tienen los mencionados sectores en términos de la generación de empleo y el movimiento de la economía a través de la compra y venta de insumos y servicios para su puesta en marcha”, concluyó.
Cabe recordar que en los diferentes mensajes que se han enviado al Gobierno, los sectores que se muestran preocupados han señalado que Colombia es un Estado de derecho en el que el cumplimiento de los compromisos ha sido importante para mantener una imagen positiva ante las calificadoras de riesgo y la banca internacional.
Por ejemplo, para Bruce Mac Master, presidente de la Andi, con el paso de los años y en casos como las Vías 4G, ha quedado claro que las vigencias futuras y el modelo de contratación que se ha implementado, son una prenda de garantía para los inversionistas, ya que dejaron claro que funcionan y garantizan transparencia.
Es por esto que cualquier mensaje contrario a los que se han dado durante los últimos años, “puede ser absolutamente fatal en la construcción de confianza en el Estado en este y en otros frentes, donde sin dudas se afectará compañías que están involucradas en estos proyectos, pero sobre todo se afectará la credibilidad del Estado como sujeto de crédito y socio aceptable para operadores y constructores privados”.
Todo esto, mientras otros analistas y expertos no descartan que se puedan presentar demandas contra el Presupuesto alegando que viola la ley.
