Inflación por decreto La inflación repunta y el Emisor endurece las tasas.

Arrancamos 2026 con una señal que debería encender alarmas: el Dane reportó que en enero el IPC subió 1,18% y la inflación anual quedó en 5,35%. Restaurantes y hoteles, transporte y alimentos volvieron a empujar el costo de vida.

Esta vez le agregamos gasolina política al fuego. Como hemos reportado y analizado hasta la saciedad, el aumento del salario mínimo 23% para 2026 trae consigo consecuencias ineludibles y documentadas. A la gente le suena a victoria inmediata: más plata en el bolsillo.

El problema es que una economía no se vuelve más rica porque lo diga un decreto. Si la productividad no respalda el alza, el “salario” se transforma en precios, informalidad y desempleo. Y aquí hay un agravante: el mínimo no solo paga nómina; también arrastra costos y tarifas.

La evidencia está en la reacción del Emisor. El Banco de la República subió 100 puntos básicos su tasa de política a 10,25% y dejó claro que el riesgo ahora es perder la credibilidad frente a la meta de 3%. Y citó un dato contundente: las expectativas de analistas para fin de 2026 saltaron a 6,4% y para 2027 a 4,8%.

El mercado de deuda ya descuenta inflaciones por encima de 6% a dos años. La desinflación se aplaza. Eso tiene consecuencias concretas. Un punto más de tasa es crédito más caro, capital de trabajo más difícil para la pyme, menos inversión en maquinaria, menor expansión de plantas, menos empleo formal

Y lo más doloroso es quién paga la cuenta: el trabajador informal y el independiente. Subir el mínimo por encima de la productividad termina protegiendo solo temporalmente a unos pocos formales y castigando al resto de manera más directa. Mientras la región vuelve a la normalidad, nosotros nos salimos del carril.

Chile reporta una inflación anual de 2,8% en enero y mantiene su tasa en 4,5%. Perú está en 1,7%, dentro de su rango meta. Con sus matices, la tendencia internacional es clara: desinflación y tasas más bajas o estables. Colombia, en cambio, fuerza una reindexación masiva y obliga al Banco Central a apretar el freno.

Y cuando los precios repuntan, aparece la tentación peligrosa del control. La SIC pidió a las empresas explicar cómo fijan precios, costos y márgenes. En un país donde los costos suben por decisiones oficiales, amedrentar al sector privado no baja el IPC: erosiona confianza, eleva el riesgo regulatorio y empuja a más negocios a cubrirse con precios mayores o a retirarse del mercado. Menos competencia es más inflación.

El reto, además, es pedagógico. Es difícil decirle a alguien que hoy celebra un alza grande que, si esa alza se traduce en inflación, terminará comprando lo mismo o menos, pero pagando más intereses y enfrentando menos oportunidades laborales. Es la ilusión de confundir el número del salario con el poder de compra: cuando el ingreso crece sin productividad, el mercado ajusta por el lado de precios o empleo.

¿Qué hacer? Volver a la prudencia. Salarios creciendo de la mano de la productividad y del empleo formal, no de la política. Menos indexación al mínimo, más competencia y menores costos de contratar y producir. Y una política social enfocada en el informal y el vulnerable, no en decretos que terminan encareciendo la canasta de todos.

Lo más difícil de decir, pero lo más honesto, es esto: un mínimo 23% más alto no significa un 23% más de bienestar. El bienestar real es poder comprar más con el ingreso, sostener el empleo y construir futuro. La pobreza no se derrota con decretos sino con productividad.

Eso exige reglas estables, competencia, tecnología, infraestructura y seguridad. El resto es populismo que se cobra, siempre, en el mercado y en el bolsillo.

JAIME PUMAREJO HEINS
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/inflacion-por-decreto-487911