El Gobierno debería atender el llamado de los distintos actores del sistema de salud para revisar y reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Pocas horas antes de terminar el 2024, el Ministerio de Salud estableció el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2025 en 5,36%. Esa definición del monto que recibe cada entidad promotora de salud (EPS) por cada afiliado en el año para cubrir los servicios, se ajustó únicamente por la inflación ante la “poca confiabilidad de la información aportada”.
De acuerdo al Viceministro de Protección Social, los datos presentados por las EPS, correspondientes al año 2023, contienen “serias inconsistencias” y que los “recursos asignados son suficientes”. No obstante, múltiples voces del sector- que incluyen gremios, asociaciones de pacientes, organizaciones médicas y de profesionales de la salud, los hospitales públicos, centros de estudios, ex altos funcionarios coinciden en que este incremento no alcanza y terminará por ahondar la actual crisis que atraviesa el sistema de salud.
La brecha no es pequeña. Estudios técnicos estimaron que el alza de la UPC para 2025 debía estar en torno al 16,4 al 16,9%, esto es, diez puntos porcentuales mayor que la finalmente decretada por el Gobierno. De hecho, la “insuficiencia crónica” de la UPC constituye uno de los principales factores de desfinanciamiento que aquejan actualmente al sistema de salud en Colombia. De acuerdo a la Andi, esta decisión del Ministerio de Salud conduciría a un déficit solo en este año de alrededor de $10,9 billones.
Las críticas a este bajo incremento parten asimismo de la falta de argumentos técnicos para la definición del ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Gobierno -en voz del propio presidente de la República, Gustavo Petro-, justifica su determinación mediante ataques a los “dueños de las EPS” a quienes acusa de “hinchar sus bolsillos” y de robarse recursos de la salud.
Sin embargo, para el corte de finales de 2023, el Ejecutivo ya controlaba cuatro EPS y tuvo todo el año pasado para controvertir y revisar al detalle los reportes de las EPS, si los consideraba insatisfactorios. Además, cabe preguntarse por qué ante estos señalamientos presidenciales de corrupción y de malos manejos, el Gobierno no permitió la salida de Sura y Compensar. Con el actual control mayoritario de la Casa de Nariño sobre el universo de afiliados, surge la duda de qué acciones se están tomando para resolver esas inconsistencias de información.
Lo cierto es que por distintos factores -entre ellos el aumento en la demanda de servicios de salud pos-covid y el envejecimiento de la población- los costos de la prestación de la salud ha venido incrementándose no solo en Colombia sino en el resto del mundo. Esas tendencias no han sido capturadas plenamente por los ajustes en los montos de la UPC y están deteriorando inexorablemente la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
Es justo decir que estas problemáticas estructurales vienen de tiempo atrás; pero las decisiones y las actitudes de la administración Petro no solo han dificultado poder resolverlas sino que las han amplificado. Lo anterior bajo la sombrilla de un debate legislativo alrededor de un proyecto de reforma a la salud, que ni mitiga esas falencias sistémicas en el largo plazo, ni contribuye a encarar, en el corto plazo, la crítica situación. Varios indicadores de calidad, cobertura y atención han experimentado recientes deterioros.
El Gobierno debería atender el llamado de los distintos actores del sistema de salud para revisar y reajustar el incremento de la UPC para este 2025. Están en juego la calidad y la estabilidad en la prestación del servicio de salud de millones de colombianos.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/insuficiencia-cronica-editorial-621167
