Uno de los datos más reveladores del Censo Económico del Dane es el de los vendedores de calle que representan 11% de los negocios urbanos, preocupación para todos
Si se comparan las ciudades de hoy en Colombia, con las de hace 10, 15 o 20 años, muchas cosas se verán distintas: una, el avance en infraestructura; dos, la consolidación de los suburbios, y tres, -por ahora- la bonanza de vendedores callejeros.
Algunos más perspicaces podrán observar las comunidades, con sus negocios propios, generados por la migración venezolana, que ha ido ocupando renglones del comercio informal en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Comidas rápidas, barberías, clínicas de uñas, obreros de la construcción, rappitenderos, mecánicos, conductores de plataformas de movilidad, pero ante todo, vendedores ambulantes, rebuscadores en un mercado regionalizado que les ha dado medios para sobrevivir y vivir mejor que en su país, que ha fracasado en su modelo económico.
No hay dato certero sobre el número de venezolanos que viven legales en las distintas ciudades, pues muchos son nómadas entre departamentos, ciudades y su país de origen, pero lo más cierto es que están ocupando casi todo el espacio público vendiendo productos, al punto que, a la luz del censo económico del Dane, llama la atención que 11% de los negocios urbanos sean ventas callejeras; muchos de los cuales se han disparado por la migración de venezolanos de los últimos años.
El censo económico urbano es el mapa de los negocios en Colombia y acaba de revelar que hay dos millones de unidades económicas en todas las zonas urbanas del país, una gran cantidad de vendedores ambulantes que se concentran en las áreas peatonales de todas las ciudades. El Dane habla de unos 219.042 vendedores, es decir, 10,91% de estas unidades. En Bogotá hay 42.097 unidades de calle, en Antioquia 21.617 y en el Valle del Cauca 19.326.
El gran problema es que la bonanza de vendedores ambulantes callejeros e informales no pagan impuestos, no tienen seguridad laboral ni aportan a pensiones, una bomba social que va a estallar en una década si no se interviene por parte de las autoridades.
Deben afinarse las políticas públicas en torno a los negocios callejeros que usurpan el espacio público, la idea es que puedan formalizarse, organizarse, contribuir y que su actividad no choque con los ciudadanos formales que pagan prediales, impuestos al comercio y toda clase de tributos enfocados a contar con un parque, andén o calle, pero que al final se van a la explotación comercial y beneficio personal del ambulante y no para disminuir las precariedades sociales por las que paga un habitante formal de un barrio.
Más aún si quienes se han apoderado del espacio público nunca han pagado un impuesto, ni les importa si la ciudad que les da de comer tiene seguridad y desarrollo. Los datos del Dane deben aprovecharse para planear el país económico de la próxima década, en donde la informalidad, ilegalidad, evasión y caos sean problemas a resolver.
Todas las autoridades y muchos empresarios deben enfocarse -con los datos del censo económico- a aportar ideas para corregir el problema del vendedor de calle, del migrante informal, que caotiza y devuelve el poco desarrollo que se ha logrado luego de muchas décadas.
Construir un parque, un andén, una calle, un estadio es costoso y necesario, pero todos estos avances no se les puede entregar a los que no pagan impuestos, reniegan de las oportunidades y no tienen apropiación de quienes les dan oportunidades.
