La Universidad Eafit emitió un informe de proyecciones sobre las tres reformas de Gustavo Petro: la de salud, pensional y laboral.
La ‘reformitis’ de Gustavo Petro parece tener un amplio efecto a corto, mediano y largo plazo en la salud fiscal y macroeconómica del país. Un informe de la Universidad Eafit aseguró que, si se aceptan todas las reformas que propone el Presidente, la de salud, pensional y laboral, para 2030 se tendrá 1,4 puntos porcentuales menos de crecimiento del PIB, pues en el escenario base se proyecta una variación del indicador de 3,4% para ese año, y con las tres reformas sería de 2%.
No solo en el PIB, también habría efectos en el desempleo y el déficit fiscal. En el primer caso, se estima que aumente la tasa de desempleo, que en un escenario base sería de 11,4% en 2030, pero con las reformas llegaría a 14%. Mientras que el déficit fiscal sería de -2,4% sin reformas, pero con ellas se ampliaría a -4,9%.
Pero las consecuencias no se verían solo a largo plazo. Desde 2024 habría un impacto en el PIB, pues Eafit estima que, sin reformas, la economía crecería 2,8% ese año, pero de ser aprobadas, la variación sería de solo 2,1%.
Esto, según explica Julio Cesar Iglesias, analista, significa que tendremos una economía menos dinámica, con menos empresas arrancando o creciendo, menos proyectos productivos y menos generación de empleo.
El análisis de la institución aborda inicialmente los elementos esenciales de las reformas propuestas para luego, en el siguiente apartado, reportar las simulaciones y extraer conclusiones de los escenarios proyectados.
Sobre la reforma a la salud, empiezan atribuyendo el costo fiscal que irá en crecimiento. Para 2024, por ejemplo, será de $9,8 billones, y para 2030, será de $15,2 billones. Sin embargo, de acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se tenían recursos disponibles para la realización de la reforma del orden de $1,7 billones en 2024, de $6,5 billones en 2026 y de $7,5 billones en 2030, lo cual genera un efecto neto en el costo fiscal de $8 billones para 2024, de $7,3 billones para 2026 y de $6,9 billones para 2030.
Sobre la reforma pensional, se conoce que el proyecto de Ley que lidera Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo, tiene tres pilares que modifican la estructura de cotización y libre escogencia con respecto a la pensión de los colombianos. Se propone, oficialmente, un pilar solidario, que brindaría subsidio de $223.000 a 2,5 millones de personas, los adultos mayores de 65 años.
Un Pilar Semicontributivo, dirigido a personas mayores de 65 años que no cumplen con los requisitos para jubilarse (han cotizado entre 150 y menos de 1.000 semanas al sistema), pero que han realizado aportes al sistema a través de Colpensiones o de una Administradora del Fondo de Pensiones (AFP).
Un Pilar Contributivo y uno de Ahorro Individual, en donde se dirigen al rubro de la población con aportes importantes. El costo fiscal de en el Pilar solidario es de aproximadamente $6,7 billones para 2024, según explican los académicos. “Para los siguientes años se debe actualizar con base en la tasa de inflación y la tasa de crecimiento del pilar, que tiene como base las personas que ingresarían cada año a gozar de este beneficio del subsidio”, explican.
Sobre la pensional, se conoce que una parte de la reforma es cubierta a través del Presupuesto General de la Nación (PGN) y el restante a través de un incremento en las cotizaciones de las personas con mayores ingresos salariales. “Se tiene que quienes tengan un ingreso superior a cuatro salarios mínimos, contribuirán con 2% sobre su base de cotización, las personas con ingresos de 16 a 17 salarios mínimos, contribuirán con 0,2% adicional, de 17 a 18 salarios mínimos con 0,3%, de 18 a 19 salarios mínimos con 0,6% y superiores a 20 Smlv con un 1%, los pensionados que perciban mesadas superiores a 10 Smlv y hasta 20 Smlv contribuirán con un 2% y los que de venguen más de 20 Smlv contribuirán con un 3%”, complementa.
Y sobre la laboral, hablan de que, junto con la pensional, deben ser abordadas de manera conjunta, porque, según explican, solo se logrará un sistema pensional que mejore la cobertura si está bien financiado, reduce la inequidad, y si hay generación de nuevos empleos formales.
Entre las ‘banderas rojas’ que sostienen sobre la laboral, también de la Cartera de Trabajo, es que, tal y como se radicó en el Congreso, desincentiva la creación de nuevos puestos de trabajo, por los elevados costos que implica.
“La reforma favorece, además, a una proporción reducida de los trabajadores del país, aquellos que están vinculados laboralmente mediante contratos asalariados, que representan a lo sumo el 52,9% del trabajo en el país, según la matriz de trabajo de Cuentas Nacionales del Dane, 2021. En este sentido, la reforma podría ser regresiva, incrementando la informalidad y el desempleo”, explica Jesús Botero, profesor emérito y uno de los autores del informe.
Sobre esto, no solo habrá un impacto hacia los empleadores, sino también a los empleados. Según Corficolombiana, en 2022 solo 39% de los ocupados contó con un trabajo formal que le permitiera contribuir a salud y a pensión. “De aprobarse la reforma tal y como fue radicada en días pasados, los 3,4 millones de desempleados y los 13,2 millones de ocupados informales tendrían más dificultades para mejorar sus condiciones laborales”, explican en el informe.
Las conclusiones
El informe de la Universidad Eafit concluye que las reformas de salud y laboral limitan el crecimiento de la economía, y reducen la generación de empleo. La primera, porque la ausencia de un gestor de riesgo en el sistema reducirá su eficiencia, incrementando los recursos que el país tiene que destinar al sistema la salud; y la segunda, porque eleva los costos laborales.
“La propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno, aunque se enfoca en proteger a los actuales empleados formales, puede traer consecuencias indeseadas en los ocupados informales y los desempleados: el aumento en los costos del empleo formal provocará un aumento del desempleo y la informalidad laboral, agravando aún más el problema de cobertura en el componente contributivo del sistema de protección a la vejez”, dice en el texto.
Mientras tanto, dicen, la reforma a la salud elimina los mecanismos mediante los cuales se incentiva el uso eficiente de los recursos en el sistema; y elimina la función de gestión de riesgo, con el pretexto de que así se evita una intermediación financiera innecesaria.
“Ciertamente hay cosas que mejorar en el sistema, especialmente en prevención y acceso al servicio. Pero sólo la existencia de mecanismo adecuados para propiciar la eficiencia en la prestación del servicio, permitirán que el sistema sea sostenible”.
Sobre la reforma pensional, aseguran que adelanta ingresos al Gobierno, dejando grandes obligaciones futuras, que tenderán que ser atendidas en futuras generaciones.
“También son claras las limitaciones del sistema actual: su baja cobertura y la profunda regresividad del sistema. Pero probablemente se debe reducir el monto básico de aportes al nuevo sistema a un salario mínimo, y se debe garantizar que los excedentes financieros se ahorren y se gestionen de manera eficiente”.
