En una sociedad libre, el Estado regula, vigila y sanciona abusos. Pero no fija precios, no administra empresas.
En una sociedad libre, el Estado regula, vigila y sanciona abusos. Pero no fija precios, no administra empresas y no presume que toda decisión empresarial es sospechosa.
Esa frontera, delgada pero esencial, separa una economía de mercado de un esquema intervenido, con consecuencias conocidas y costos que terminan pagando los ciudadanos.
La solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio para que empresas expliquen “procedimientos y criterios” con los que fijan precios, descuentos y márgenes -incluyendo cómo incorporan costos logísticos, importaciones o inventarios- abrió un debate que va mucho más allá de una circular.
Porque cuando el supervisor exige la arquitectura interna de decisiones comerciales, el país entra en una zona gris donde vigilar se confunde con coadministrar.
El punto no es negar que existan abusos. La SIC cumple una función indispensable persiguiendo carteles, engaños al consumidor y prácticas restrictivas.
El problema aparece cuando la autoridad pasa de investigar conductas concretas a pedir explicaciones masivas y preventivas, como si todas las empresas fueran sospechosas.
La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, lo resumió: inspeccionar y vigilar, sí; “pero no acosar”.
Fenalco fue igual de contundente: calificó la medida como “intromisión” y advirtió el riesgo de convertir a la SIC en una “Superintendencia de Precios”, recordando la esencia del artículo 333 sobre libertad de empresa.
Y puso un ejemplo demoledor: pretender que un establecimiento desglose cómo fija precios de más de 40.000 referencias no solo es imposible. Revela desconocimiento de cómo operan mercados donde hay perecederos, inventarios y liquidaciones.
Si fijar precios deja de ser una decisión competitiva y pasa a sentirse como un acto bajo sospecha, se frena inversión, se debilita competencia y suben costos de cumplimiento. Al final, quien paga es el consumidor.
La Andi fue al terreno jurídico: pedir estructura de costos y margen de ganancia puede exceder competencias y vulnerar libre empresa, secretos industriales y reserva comercial.
Esa reserva no es un privilegio; es la condición para competir. Si el Estado conoce estrategias de precios, se desincentiva innovación y se facilita coordinación entre competidores.
La Constitución no deja esto al gusto del gobierno de turno. El artículo 333 protege la libertad económica y la iniciativa privada, y el Estado puede intervenir para impedir abusos, no para reemplazar el mercado.
Por eso el debido proceso importa: indicios serios, investigación formal, cargos, defensa y sanción cuando corresponda.
Si la preocupación es el costo de vida, el camino responsable es otro: competencia, productividad, menos barreras de entrada, mejor logística y una política macro que no alimente la inflación.
Cuando el Gobierno dice que “no hay que tener nervios” por “transparencia”, conviene precisarlo: transparencia al consumidor no significa acceso estatal a la caja negra de márgenes, fórmulas y algoritmos.
La SIC debe ser árbitro: castigar carteles con rigor, sí; pero convertirse en oficina de precios, además de ser ilegal, un rotundo no.
JAIME PUMAREJO HEINS
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/libertad-economica-487765
