La carta de Grupo Trinity a sus colaboradores recuerda que sin empresa vigorosa no hay prosperidad sostenible.
En un ambiente político cada vez más polarizado, cualquier pronunciamiento empresarial suele leerse con suspicacia. Por eso resulta relevante el tono y el contenido de la carta que el CEO de Grupo Trinity, Iván Trujillo, envió a sus empresas y colaboradores el 10 de febrero de 2026.
Más que un llamado partidista, es un recordatorio de lo básico: la democracia no se sostiene sola y requiere ciudadanos informados, participativos y comprometidos. El mensaje subraya la importancia de respaldar ideas que resguarden la libertad, el libre mercado, la iniciativa privada y el fortalecimiento de la institucionalidad. No menciona candidatos ni órdenes de voto. Invita a informarse, dialogar en familia y evaluar con criterio los programas que defienden el Estado de derecho.
En un país donde el debate público se llena de consignas, ese énfasis en la participación responsable merece destacarse. Democracia y prosperidad suelen caminar juntas. No porque la democracia garantice automáticamente bienestar, sino porque ofrece controles, alternancia y reglas previsibles, que son el suelo donde florece la inversión y el empleo. Cuando esas reglas se debilitan y el poder se concentra, la incertidumbre sube, la economía se encoge y, al final, paga la gente común.
La discusión de fondo no es un eslogan: es confianza, reglas y futuro. La historia económica también deja lecciones. Los modelos que intentaron suprimir la empresa privada terminaron mostrando sus límites: poca innovación, baja productividad y escasez.
Incluso China, sin ser una democracia, entendió que para reducir la pobreza masiva debía abrir espacio al mercado, a la empresa y al emprendimiento. La prosperidad se construye creando valor, compitiendo e invirtiendo en productividad. De ahí una frase que muchos prefieren ignorar: sin empresas no hay Estado. No porque las empresas sustituyan al Estado, sino porque lo financian.
La obligación primaria de una empresa es producir, generar empleo, pagar impuestos y ofrecer retornos acordes con el riesgo de invertir. Esos impuestos son los que permiten que el Estado invierta y redistribuya en educación, salud, infraestructura, seguridad y programas sociales. Y, aun así, las empresas formales en Colombia siguen poniendo el hombro.
Operan con una carga tributaria alta en comparación regional, con inseguridad física y jurídica en aumento y con costos crecientes de cumplimiento. En la práctica, para muchas compañías buena parte del año se va en atender obligaciones fiscales antes de empezar a generar valor para socios e inversionistas.
Aún con ese entorno, el tejido empresarial sostiene empleo, formalidad, encadenamientos y oportunidades en todo el territorio. Por eso la carta de Trinity importa: recuerda que el empresariado no debe convertirse en trinchera, pero tampoco puede renunciar a su voz cívica.
Hay una línea que nunca debe cruzarse: presionar o condicionar la libertad política de los trabajadores. Pero promover voto informado, participación y defensa del Estado de derecho no es intervenir indebidamente; es asumir responsabilidad en un momento decisivo.
JAIME PUMAREJO HEINS
