El Congreso no es un actor secundario de la política ambiental: es el escenario donde se define el marco normativo que habilita, o pone en riesgo, la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Colombia. El 20 de julio de 2026 se instaló el Congreso de la República para el periodo 2026-2030, en un momento de transición política que incluyó el cambio de Gobierno Nacional el 7 de agosto.
Los senadores y representantes que asumen sus curules no parten de cero: heredan una agenda ambiental en marcha, compuesta por leyes recientes que requieren tanto reglamentación, presupuesto y veeduría, como equilibrio de poderes, para materializarse. Hay retos asociados a proyectos que quedaron a un paso de la sanción al cierre del periodo y por los vacíos normativos que el cuatrienio anterior no logró abordar.
¿Qué hereda este nuevo Congreso?
En los cuatro años anteriores el Congreso sancionó 25 leyes con relevancia ambiental y tres proyectos que quedaron a un paso de serlo. En conjunto, un universo de 28 iniciativas cuyo seguimiento sistemático realizamos desde WWF Colombia. (Vea aquí el balance completo)
Del 82% de esos 28 proyectos (23) va en dirección de avance ambiental. Es decir, eleva el nivel de protección, de medidas, de estrategias, de derechos, de gobernanza o de financiamiento ambiental respecto al ordenamiento vigente; y ninguno fue clasificado como regresión.
¿Qué le corresponde al nuevo Congreso?
Los hallazgos anteriores no son solo un retrato del pasado: definen el punto de partida del nuevo Congreso. El desafío, entonces, no radica únicamente en sostener el ritmo de aprobación: lo crucial será abordar las agendas que quedaron pendientes y hacerlo con los tiempos del trámite legislativo a la vista. Algunas de las prioridades, entonces deberían ser:
1. Convertir los silencios legislativos en agenda.
La ausencia de leyes en minería, hidrocarburos, ordenamiento territorial, criminalidad ambiental y salud ambiental durante todo un cuatrienio no es un dato neutro: señala las agendas donde el país acumula conflictividad socioambiental sin un marco legislativo con calidad normativa que les atienda. Estas materias deben llegar a las comisiones Quinta y Primera de la mano de las bancadas que demostraron trayectoria ambiental en el periodo analizado. El riesgo previsible es la polarización alrededor de los sectores extractivos; la evidencia de este balance sugiere que la vía para mitigarlo es la construcción deliberada de coautorías multipartidistas, que el propio cuatrienio demostró posibles, acompañadas de evidencia técnica robusta y el diálogo con sectores económicos, academia, sociedad civil e incluso con Gobierno.
2. Trabajar temprano mediante bancadas, coaliciones e incluso figuras como comisiones accidentales
El ciclo de maduración de los proyectos de ley, que es cerca de 22 meses, convierten el segundo semestre de 2026 en la ventana de oportunidad decisiva del cuatrienio.
3. Elevar el estándar técnico de la legislación ambiental
Elevar ese estándar exige trabajar de manera transversal durante todo el cuatrienio, las secretarías de las comisiones y los ponentes de los proyectos ambientales, comenzando desde las primeras radicaciones. El acompañamiento técnico debe ser abierto, multipartidista y metodológicamente transparente.
4. Integrar los mecanismos financieros suficientes y fortalecer la coordinación interinstitucional
El 50% de las leyes priorizadas no contaban con un mecanismo financiero explicito. Sin embargo, la mayoría contaba con un nivel de vinculatoriedad alto, es decir, autoridades, obligaciones y tiempos para su cumplimiento, claros y definidos. Este hallazgo refleja un avance, pues es claro que las leyes tienen una buena calidad normativa, un reto, porque implica que la reglamentación de las leyes debe considerar mecanismos financieros y de coordinación interinstitucional y una oportunidad, para avanzar hacía investigaciones que arrojen evidencia sobre la pertinencia, complementariedad, utilidad de una ley en el sistema jurídico ambiental.
Desde WWF Colombia consideramos que el Congreso 2022-2026 demostró que la legislación ambiental de consenso es posible en Colombia, incluso en contextos legislativos retadores y en un periodo de alta polarización. El reto del Congreso 2026-2030 es doble. Por un lado, implementar y proteger lo ganado: las 25 leyes sancionadas requieren reglamentación, presupuesto y veeduría ciudadana para materializarse, y el principio de no regresión exige defenderlas frente a cualquier intento de retroceso. Por el otro, atreverse con lo pendiente: llevar la deliberación democrática a los temas donde el país más la necesita y donde el cuatrienio que termina guardó silencio.
Artículo basado en información de wwf.org.co
