La caída en el recaudo pone en la mira la conveniencia de aprobar impuestos adicionales y ratifica la urgencia del esperado plan de reactivación.
La Dian publicó hace unos días el informe del recaudo tributario correspondiente a agosto pasado, cuyos resultados despiertan preocupación. Las cuentas reflejan que, en el octavo mes del año, fueron recolectados $16,08 billones en impuestos, poco más de $7 billones menos que el monto del mismo mes del año pasado. Es decir, una drástica caída del 30,8%.
Este es el tercer mes en lo corrido de 2024 en que el recaudo de impuestos reporta un decrecimiento; más aún, no alcanzan las metas ya ajustadas hace unos meses por el ministerio de Hacienda. De hecho, el acumulado entre enero y agosto va asimismo por debajo de las expectativas: alrededor de 9,33% de lo que la Dian había recaudado en el mismo período en 2023. El propio presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció que ese descuadre se debía a un “error administrativo” del Gobierno. Esta no es una noticia que debería generar sorpresa, aunque en julio se haya registrado una mejora.
Una de las razones por el descuadre severo de las finanzas públicas en este 2024 ha sido precisamente el incumplimiento de las metas de recaudo tributario de la Dian, en buena parte por los efectos de la desaceleración de la economía y por temas de su gestión. Las proyecciones que sustentaron el presupuesto vigente de la Nación para el año en curso no solo fueron demasiado optimistas, ignorando las alertas de los analistas, sino también sobreestimaron las capacidades reales de la Dian.
Errores que el gobierno está buscando cometer de nuevo con el ya hundido proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2025. Las cuentas de la Casa de Nariño para el año entrante no cuadran en un monto superior a los $12 billones que espera recaudar de una nueva reforma tributaria. En otras palabras, la ley de financiamiento está arrancando su debate con esas mismas advertencias que ameritan atención. Y para este año, con un recaudo tributario deficitario, las cuentas tampoco van cerrando.
Pero la principal cuestión que el Gobierno debería preguntarse es acerca de la conveniencia de adelantar una nueva reforma tributaria en un entorno de desaceleración de la economía y una creciente fragilidad fiscal. El espacio de maniobra del Ejecutivo en medio de la crítica situación fiscal -presupuesto desfinanciado, billonarios recortes, presión en la caja, dificultades de ejecución- es muy limitado para aguantar otra ola de aumentos de impuestos sobre sectores productivos ya suficientemente sobrecargados.
Ante los efectos que se han venido registrando a raíz de la reforma tributaria de 2022, tanto sobre la inversión como sobre los recaudos, no sobra ponderar si éste es el momento adecuado para subir las cargas tributarias a un sector privado y a unos hogares que llevan dos alzas de impuestos consecutivas. A lo anterior se suma la intención en ese proyecto de ley de financiamiento, de flexibilizar el mecanismo de la Regla Fiscal. Tampoco es conveniente, en momentos de sombríos panoramas fiscales, que el Estado busque ‘saltarse’ esos compromisos para poder gastar más.
Para concluir, estas caídas en el recaudo tributaria ratifican que la mejor política fiscal que el gobierno Petro podría desplegar es la materialización de una estrategia integral de reactivación económica, cuyo plazo de seis semanas para su presentación ya se cumplió. Un aparato productivo con estabilidad para la inversión, seguridad jurídica y un panorama tributario despejado cuenta con mejores condiciones para prender los motores de la economía.
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/editorial-portafolio-mas-presion-614191
